Adopción desigual

Algo no debe funcionar bien en el sistema de adopción español cuando de los 3.000 niños susceptibles de ser adoptados entre los 30.000 menores tutelados por el Estado, no más de 800 logran ser finalmente adoptados cada año por familias españolas. Lo anómalo de la situación se hace todavía más llamativo cuando esta cifra se compara con el número de las adopciones internacionales: unas 5.000 cada año.

La diferencia no remite sólo a una cuestión de preferencia sino también a problemas burocráticos y de carácter legal que, en contra de lo que podría esperarse, dificultan más las adopciones nacionales que las internacionales. En todo caso, la mayor demanda de bebés que de niños de mayor edad, más fácil de satisfacer en el exterior que en el interior, junto a la cercanía de la familia biológica a lo largo del proceso de adopción pueden explicar por qué en la mayoría de los casos las familias españolas optan por la adopción de niños fuera y no dentro de España.

El Gobierno tiene en proyecto promulgar una Ley de Adopción Internacional, para la que parece contar con el apoyo del Partido Popular. Pero no estaría mal que abordara también un ajuste legislativo de la, por otra parte, avanzada Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996. El complejo y garantista sistema de adopción instaurado por esta ley se vuelve, en ocasiones, contra el niño. Y ello puede suceder si se otorga un plazo excesivo a la familia biológica para oponerse a la declaración de desamparo, incluso cuando el niño ya haya sido entregado por las administraciones a una familia de acogida, o se le permite alegar su rehabilitación y el deseo de recuperar al niño cuando éste ya está integrado en la familia acogedora o adoptante.