Dieciocho municipios por los que pasa la 'Y' caen en manos de ANV y grupos opositores

Un total de 18 municipios de los 47 por los que discurre el trazado de la Y ferroviaria han caído en manos de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y de agrupaciones electorales independientes abiertamente hostiles al proyecto de alta velocidad. Esta circunstancia complica la construcción de la infraestructura más ambiciosa y compleja a la que se enfrenta Euskadi. Desde el Departamento de Transportes se observa con tranquilidad el resultado y se repite que ningún ayuntamiento puede impedir las obras, ya que el proyecto no sólo ha sido declarado de interés general, sino que está catalogado como prioritario por la UE.

Autorizada la licitación de las obras del tramo Durango-Amorebieta, de 4,6 kilómetros y 91 millones de presupuesto

Por ello, el Gobierno se manifiesta absolutamente convencido de que las obras van a seguir con mayor o menor normalidad, aunque admite que, en esas circunstancias, los inconvenientes e intentos de obstaculización se pueden multiplicar.

ANV, el partido para el que la ilegal Batasuna pidió el voto y cuyos resultados ha asumido como propios, ha heredado su frontal oposición al tren de alta velocidad (TAV). La izquierda abertzale ha convertido la lucha contra la construcción del trazado ferroviario de alta velocidad en una estrategia para afianzarse socialmente. Su objetivo final pasa por parar la línea y convertir esta infraestructura en un elemento de tensión política permanente.

La consejera de Transportes y Obras Públicas, Nuria López de Guereñu (PNV), ya se pronunció antes de las elecciones sobre el hipotético retorno de la izquierda abertzale a los ayuntamientos tras los comicios y las trabas administrativas que pudieran introducir, sobre todo, en el proceso de expropiación de terrenos. La consejera puntualizó entonces que el Ministerio de Fomento es el responsable último de este procedimiento, por lo que el color político de los nuevos ayuntamientos "no influirán en la evolución de las obras". Al mismo tiempo, adelantó que el Gobierno seguirá dialogando con los representantes políticos que estén en cada momento.

De los 18 municipios que pueden ser gobernados por la izquierda abertzale o candidaturas independientes opuestos al proyecto, la mayoría se ubica en Guipúzcoa (un total de 13), hay uno en Álava (Aramaio) y cuatro en Vizcaya (Abadiño, Elorrio, Atxondo e Izurza).

Se trata de ayuntamientos que la legislatura pasada estuvieron gobernados, en su mayor parte, por la coalición PNV-EA. En aquel momento, la ilegalización de Batasuna le impidió articular a tiempo una plataforma para concurrir a los comicios, pero ahora con ANV ha cambiado el panorama. Los problemas que pueden crear estos municipios, insiste el departamento, se circunscriben a las expropiaciones de terrenos públicos, pero en ningún caso pueden poner en peligro el desarrollo de la obra.

Más preocupación suscita la posible extensión de acciones de violencia contra la maquinaria y la propia infraestructura. La Ertzaintza ha contabilizado alrededor de una decena de sabotajes a las empresas constructoras con tramos adjudicados. Un grupo de personas contrarias al TAV cortó ayer el paso de un tren de vapor de época que circuló entre Bilbao y Durango para conmemorar el 125º aniversario de esta línea, y en la que viajaba la consejera de Transportes y otras autoridades. Dos de los activistas se encadenaron a la vía y tuvieron que ser liberados por la Ertzaintza.

Aunque sólo en uno de los tramos se han iniciado los trabajos (en el alavés de Arrazua-Legutiano), las previsiones de la Administración central es que todo el ramal Vitoria-Bilbao esté en obras antes de final de año. El Consejo de Ministros autorizó ayer al Ministerio de Fomento a licitar las obras de un nuevo tramo, Durango-Amorebieta, de 4,60 kilómetros de longitud, por un presupuesto de 91,1 millones de euros. Por su parte, el Gobierno vasco iniciará los trabajos después del verano en el tramo de Itsasondo.

Los ataques se han centrado principalmente en dañar la maquinaria pesada -se han pinchado ruedas, estropeado motores y sellado cerraduras- y en el lanzamiento de pintura. En algunos casos, los opositores han llegado a encadenarse en el lugar de las obras. Para hacer frente a los sabotajes, los gobiernos central y vasco han constituido una comisión con el fin de supervisar los trabajos y reforzar la seguridad.

Uno de los argumentos esgrimidos por los colectivos opositores al proyecto es la falta de discusión social con que se habría aprobado la Y y la ausencia de un referéndum para comprobar el nivel de adhesión con que cuenta. Incluso el sindicato ELA, mayoritario en el País Vasco, ha convocado manifestaciones contra el tren de alta velocidad. Sobre esta cuestión, la consejera de Transportes acaba de reiterar en una respuesta parlamentaria a EHAK que "la toma de decisiones que suponen mejoras para el conjunto de la sociedad vasca, tiene los mecanismos de participación establecidos y su ámbito de decisión está en el Parlamento vasco". La Cámara de Vitoria se pronunciado a favor del proyecto en numerosas ocasiones, tanto en esta legislatura como en las anteriores.

También ha habido, recuerda López de Guereñu, "posibilidades reales, para personas y organismos, de opinar y participar activamente durante los procedimientos de tramitación del proyecto, tanto en las consultas previas a la declaración de impacto medioambiental, como del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en su fase de información pública". Este plan estuvo sometido durante cinco meses a información pública, durante los cuales se presentaron 1.634 alegaciones.

Según la última encuesta sobre la cuestión, realizada por el Gobierno en el pasado mes de abril, siete de cada 10 ciudadanos apoyan la Y vasca, uno mantiene una postura neutra sobre el proyecto y dos se oponen a la infraestructura.