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Hacienda acusa al dueño de Aifos de defraudar 11,4 millones en tres años

El juez del 'caso Malaya' abre una causa específica por este delito fiscal

El propietario de la promotora malagueña Aifos, Jesús Ruiz Casado, defraudó al fisco 11,4 millones de euros entre 2003 y 2005, según un informe de la Agencia Tributaria remitido al juez Miguel Ángel Torres. El magistrado ha decidido separar este supuesto delito fiscal del tronco central del caso Malaya contra la corrupción en Marbella y abrir una causa judicial específica contra Ruiz Casado por un delito contra la hacienda pública.

La policía halló en su sede recibos de pagos en los que no se facturó IVA y de cobros en 'B'

La investigación del caso Malaya, iniciada en noviembre de 2005, no sólo ha dejado al descubierto el entramado de corrupción que esquilmó los recursos de Marbella durante los 15 años de gobierno del extinto GIL sino que ha hecho aflorar otros delitos colaterales de los implicados en la trama. Uno de ellos es el supuesto fraude fiscal cometido por Ruiz Casado y su esposa, administradores ambos de la promotora Aifos, del que se ha tenido conocimiento a través de las pesquisas policiales de la Operación Malaya.

El juez Torres afirma en su auto que Aifos, "destaca (...) entre las personas y entidades que habrían abonado dinero a [Juan Antonio] Roca (...) a cambio de resoluciones administrativas favorables" del poderoso ex asesor urbanístico marbellí. En concreto, el juez recuerda que la tercera empresa de la provincia de Málaga pagó más de 3,4 millones a Roca por la firma y ratificación de los convenios del Guadalpín Banús, el Guadalpín Village y los aprovechamientos urbanísticos de Guadaiza.

Estos pagos, por los que ya se ha imputado a Ruiz Casado y otros directivos de Aifos un delito de cohecho continuado, revelan, según Torres, "la existencia de un circuito de dinero negro en Aifos opaco para la hacienda pública, lo que además de constituir una evidente defraudación fiscal suponía un fondo de dinero destinado a pagar actividades delictivas". El dueño de Aifos fue detenido el pasado 19 de julio y está en libertad bajo fianza de 500.000 euros.

Los investigadores solicitaron a la delegación de la Agencia Tributaria en Málaga informes sobre la situación fiscal de Ruiz Casado y de su esposa, María Teresa Maldonado Taillefer, titulares ambos de la promotora Aifos. El informe establece que las deudas tributarias a la Hacienda Pública por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de Ruiz Casado en los ejercicios 2003, 2004 y 2005 superarían los 5,6 millones de euros, mientras que las de su mujer rebasarían los 5,8 millones. El juez Torres considera que los cónyuges "realizan un abuso de la personalidad jurídica".

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El juez ordena la apertura de diligencias previas sobre este supuesto delito fiscal y ordena que para ello se deduzca testimonio de una serie de documentos que figuran entre los más de 25.000 folios del sumario del caso Malaya. Entre estos documentos se encuentran la ampliación de la declaración del director comercial de Aifos, Francisco García Lebrón, que detalló al magistrado todos los pagos realizados por Aifos a cambio de favores urbanísticos en Marbella; los informes policiales sobre las aportaciones de los distintos promotores a la llamada caja única de Roca en la sociedad Maras Asesores, desde la que el ex asesor controlaba cada ladrillo que se ponía en Marbella o las actas de entrada y registro en la sede principal de Aifos en Málaga.

En este registro, que se produjo el 30 de junio de 2006, los agentes hallaron numerosos indicios de irregularidades fiscales y contables, como pagos sin facturar IVA o compradores de viviendas que abonaban los inmuebles con dinero B. Además, los agentes del grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía se incautaron de numerosas agendas con encuentros de los directivos de Aifos con Roca y con la ex alcaldesa marbellí Marisol Yagüe. También había anotaciones sobre otros regidores de la Costa del Sol: "1.000 euros pago boda hija alcalde Rincón", en febrero de 2003; "regalos de navidad" en diciembre 2004 al alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, o de nuevo regalos en marzo de 2005 a los alcaldes de Linares (Jaén) y Mijas (Málaga) y a Pedro López, gerente de Urbanismo de esta localidad.

Ruiz Casado, presidente de Alfos, en los juzgados de Marbella.
Ruiz Casado, presidente de Alfos, en los juzgados de Marbella.JULIÁN ROJAS

La renuncia no se acepta

Los dos inspectores del caso Malaya que pidieron ser relevados aduciendo falta de apoyo continuarán con las pesquisas. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, aseguró que la Dirección General de la Policía "no aceptará la dimisión" y reconoció que "podrían haberse dado disfunciones o descoordinación", algo que, dijo, "la Policía estudiará". Fuentes policiales indicaron que en el escrito en el que los agentes pedían un cambio de destino indica claramente que sufren "una falta de apoyo" y añadieron que "el malestar" es generalizado en el grupo investigador. En los últimos meses han visto cómo se reducía el equipo de confianza, se incorporaban nuevos agentes "impuestos desde Madrid" y recibían encargos que restaban tiempo al caso de corrupción. El juez les ha comisionado en la investigación y él tendría que autorizar su marcha, algo que, según fuentes consultadas, no está dispuesto a hacer.

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