La Junta aprueba la ley integral de atención a las víctimas de la violencia de género

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, que garantizará los derechos de las víctimas y de sus hijos a recibir atención, protección, seguridad e información, así como ayudas para la integración sociolaboral. Según explicó la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, se trata de dar rango de ley a las iniciativas que ha puesto en marcha la Junta y desarrollar la normativa de ámbito estatal. "Es un delito muy complejo que no se parece a ningún otro y merece un trato especial", dijo.

Navarro recordó que los malos tratos a las mujeres motivaron el año pasado 14.000 denuncias en Andalucía y 3.300 durante el primer trimestre de 2007. El Parlamento de Andalucía formó en 2004 un grupo de trabajo que elaboró un borrador que ha servido de punto de partida a la futura ley, según explicó la consejera. Mediante la nueva normativa, que consta de cuatro títulos, 56 artículos y dos disposiciones adicionales, se consolidarán y reforzarán los recursos asistenciales y preventivos desarrollados desde 1998 a través de los planes autonómicos contra la violencia de género, cuya inversión total ha alcanzado los 55 millones de euros.

Navarro dijo que el texto presta especial atención a las medidas preventivas, entre las que se incluyen la aprobación, cada cinco años, de un plan integral que desarrollará las estrategias de actuación en los ámbitos de la educación, la comunicación, la coordinación institucional, la formación y la detección de esta violencia. "Una vez que la mujer denuncie, no se quedará sola, debe contar con un dispositivo que garantice la seguridad, la vida y la libertad de las víctimas de malos tratos", señaló.

En cuanto a la educación, se recogen medidas de revisión y adaptación de contenidos curriculares, así como intervenciones para identificar y atender las situaciones de violencia que se puedan producir en los centros. Respecto a la salud, se incluye la atención psicológica como parte del tratamiento a las víctimas, junto con los objetivos prioritarios de detección precoz y atención especializada.

El proyecto también da rango legal a las medidas en materia de empleo desarrolladas durante los últimos años. De este modo, la Administración autonómica concederá incentivos para facilitar el trabajo autónomo y el desarrollo de las empresas creadas por mujeres que hayan sufrido violencia. De igual manera, se fomentará la inclusión de medidas de apoyo en la negociación colectiva. En el caso específico de la Administración autonómica, se facilitará el derecho a la reducción o flexibilización de la jornada, así como a la movilidad geográfica y la excedencia.

En el capítulo de las iniciativas para la integración de las víctimas, la ley prevé establecer un cupo de reserva específico en las promociones de vivienda protegida para su cesión o adjudicación a mujeres que acrediten sufrir una situación de maltrato. Como novedad, esta medida incluirá viviendas en régimen de propiedad, frente al actual cupo limitado al alquiler. Además, tendrán prioridad en el acceso a las guarderías infantiles. Micaela Navarro dijo que la ley hace especial hincapié en la detección precoz por parte de los profesionales sanitarios, un elemento fundamental para que las mujeres se decidan a presentar denuncias. "Incluso puede ser que el sanitario convenza a la mujer para que verbalice la situación en la que vive".

Casos de muerte

Por su parte, en la atención jurídica se garantiza la asistencia letrada por el turno de oficio especializado y se dispone la personación de la Junta en juicios sobre casos de muerte violenta. "De lo que se trata es de procurar la autonomía, la independencia y la seguridad de las mujeres que deciden presentar una denuncia por malos tratos", indicó Navarro, quien cifró en 28,4 millones de euros el presupuesto de este año para desarrollar la nueva norma.

Con la futura norma se consolidará la estructura de atención urgente que funciona en la comunidad autónoma con sus tres niveles de centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados. Esta red cuenta actualmente con 550 plazas y el pasado año atendió a un total de 2.085 personas, entre mujeres e hijos.

Al año de la entrada en vigor de la ley, se constituirá una comisión institucional de coordinación y seguimiento de las medidas en marcha.