Cuando el violador cumple condena

Alejandro Martínez Singul cometió cinco violaciones y cinco agresiones sexuales entre 1989 y 1991 a menores de 9 a 17 años, e intentó cometer otras cuatro. Fue condenado por ello a 65 años de prisión, de los cuales ha cumplido 16, el máximo posible según el código penal de 1973, vigente cuando perpetró los delitos. Los tratamientos psicológicos que siguió en prisión no han funcionado, y la Junta de Tratamiento de la cárcel de Quatre Camins (Barcelona), en la que cumplió condena, señala que no está rehabilitado y que existe un elevado riesgo de reincidencia. No se benefició de ningún permiso penitenciario y salió de prisión, definitivamente, el pasado 20 de mayo. Tiene 40 años.

En España hay en prisión unos 2.400 agresores sexuales de distinta gravedad

La ley española no permite que se adopte ninguna medida una vez que el preso queda en libertad. Ni tratamientos psicológicos obligatorios ni castraciones químicas ni avisar al vecindario, como en otros países. En el caso de Martínez Singul, la fiscalía ha comunicado a los Mossos d'Esquadra que adopten las "medidas adecuadas" para prevenir el riesgo, pero sin vulnerar sus derechos de hombre libre. Esto sucede con cierta frecuencia. La policía suele tener controlados a los delincuentes presuntamente peligrosos cuando salen de prisión, pero no de forma permanente. Se verifica que siguen en su domicilio y se controla el barrio para ver si alguien ha observado algo raro. Se les trata, en fin, como sospechosos.

Los jueces no están de acuerdo sobre lo que se puede y debe hacer en estos casos. Jaime Tapia, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, opina que publicar las listas de agresores o avisar a los vecinos atenta contra el derecho al honor, a la intimidad y a la reinserción social. "Si se cree que una persona es peligrosa, la policía debería tener un cierto control, pero no podemos someterlo a vigilancia permanente. Este hombre está en libertad y tiene derecho a estarlo mientras no cometa un delito. No se pueden imponer sanciones a las personas por ser peligrosas, sino sólo por sus actos. Así es el Estado de derecho". Antonio García, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, discrepa y pide que se plantee un "debate social serio" para afrontar estos casos, sobre los que existe un "vacío legal". "Choca con el sentido común que alguien que representa un evidente riesgo pueda circular con absoluta libertad. Las instituciones no podemos dejar indefensos a los ciudadanos. El legislador tiene que actuar y decidir qué medidas adoptar", añade.

Juan Pedro Quintana, de la moderada Francisco de Vitoria, también opina que sería necesaria una reflexión social para ver si se puede reformar la ley. "Hay que ver qué se ha hecho en otros países o incluso plantear la hipótesis de tratamientos psicológicos obligatorios, hasta que tengan un buen pronóstico". ¿Y si se negaran a seguir las terapias? "Es complicado, porque claro, no podemos admitir la cadena perpetua. En cualquier caso, instituciones penitenciarias tiene que implicarse más. Hay pocos medios", concluye.

Tina Alarcón, de la asociación Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, y Consuelo Abril, de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, exigen un seguimiento psicológico y policial de los agresores sexuales excarcelados. "Al menos, de los más peligrosos, los que tengan altas probabilidades de reincidir", matiza Alarcón. "Pero para eso habría que cambiar la ley". Alarcón no es partidaria, sin embargo, de listas públicas de delincuentes. "Me parece excesivo en un Estado de derecho en el que deben tener la posibilidad de reinsertarse, pero algo hay que hacer en los casos en los que existe un riesgo claro y cierto".

Sobre la castración química (tratamiento hormonal para disminuir los niveles de testosterona), la psicóloga Guadalupe Rivera asegura que por sí sola no sirve de nada. "Se les anula la erección pero no el deseo ni las fantasías desviadas y pueden agredir con objetos. Es necesario trabajar con ellos las emociones y el pensamiento".

Hay unos 2.400 agresores sexuales en prisión en toda España. Aproximadamente 400 están siguiendo en estos momentos programas especiales de tratamiento. Son voluntarios, pero en Cataluña lo siguen todos los que pueden hacerlo, según datos de la consejería de Justicia de la Generalitat. Se implantaron en 1996 en Cataluña y en 1998 en el resto de España. Duran más de 400 horas, agrupadas entre uno y dos años y medio. Un informe del Ministerio del Interior calcula que un 55% de los internos por delitos contra la libertad sexual presenta trastornos psicopatológicos.

Según el único estudio disponible sobre reincidencia en este tipo de delitos en España, elaborado con internos de Brians (Barcelona), el 18,2% de los que no habían seguido tratamiento había reincidido en los cuatro años posteriores a cumplir condena, cifra que baja hasta el 4,1% en los que sí lo habían hecho. La prueba de que la terapia funciona. Por otro lado, en contra de la creencia común, no es cierto que los agresores sexuales reincidan más que el resto. El promedio en todo tipo de delitos ronda el 40%, frente al 20% en los de tipo sexual.

Santiago Redondo y Guadalupe Rivera, psicólogos expertos en este tipo de terapias, indican que para el éxito es necesario que haya apoyo y tratamientos fuera de la cárcel, lo que ahora no ocurre, y son tajantes al condenar el "linchamiento moral" al que, en su opinión, se ha sometido a Alejandro Martínez Singul. "Es muy importante la imagen que estos hombres se hacen de sí mismos, y a éste se le está diciendo: usted es un violador, lo será toda su vida y no tiene arreglo", señala Redondo. "Si a estas personas las expulsamos de la sociedad, de alguna forma las estamos forzando a seguir delinquiendo", coincide Octavio García, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Málaga.