El CES plantea que se simplifique la burocracia para pedir ayudas sociales

El Consejo Económico y Social (CES) ha solicitado en su último dictamen al Gobierno que simplifique la burocracia que "caracteriza" la solicitud de las ayudas sociales, como la renta básica. El CES opina que el mejor momento para ello es la próxima modificación de la Ley contra la Exclusión Social que tiene prevista realizar el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social para introducir una nueva prestación.

El CES es un órgano consultivo del Ejecutivo y del Parlamento integrado por sindicatos, empresarios, cámaras de Comercio, cajas de ahorro y ocho expertos independientes en asuntos económicos. En la actualidad, está presidido por Antxon Lafont. Emite informes con carácter preceptivo, aunque no vinculante, sobre los decretos y proyectos de ley relacionados con la política económica y social y elabora dictámenes por propia iniciativa o a petición del Ejecutivo.

La entidad acaba de aprobar por unanimidad un dictamen sobre el anteproyecto de ley que prevé a su vez modificar la Ley contra la Exclusión Social. El Ejecutivo pretende con esta modificación introducir la prestación complementaria de vivienda que se unirá a las ya existentes de renta básica y ayudas de emergencia social (AES) para conformar el bloque de percepciones con que combatir la exclusión social. En su informe, el CES aplaude la decisión del departamento que dirige Joseba Azkarraga de crear esta prestación, pero también le llama la atención para que reflexione sobre la necesidad de simplificar los trámites para los destinatarios del conjunto de ayudas que ofrece la normativa.

Por ejemplo, insta a la consejería a que medite sobre los plazos para solicitar las ayudas, lo que suponen para las personas en situación de exclusión, los tiempos de resolución de las peticiones y los periodos que son necesarios para pasar de una ayuda a otra. "Esta iniciativa legislativa debería aprovecharse para simplificar la burocracia que caracteriza la solicitud de derechos sociales por parte de personas en dificultades económicas graves".

El objetivo de la nueva prestación de vivienda es garantizar el cobro de una ayuda económica para que los ciudadanos más necesitados puedan alquilar un piso u otro tipo de alojamiento. Al realizarse por medio de una modificación legal se convertirá en un derecho subjetivo, como ahora es la renta básica. Ello significa que todos los ciudadanos necesitados dispondrán de esa ayuda, independientemente de las limitaciones presupuestarias. Hasta ahora, el dinero para pagar el alquiler o la vivienda procedía de las AES, con lo que con el paso del tiempo el objetivo original de esta partida (atajar necesidades puntuales, como la compra de un electrodoméstico o una reparación en el hogar) se había desvirtuado. A partir del cambio de la Ley contra la Exclusión Social, las AES volverán a recuperar su finalidad.

Además, el CES muestra su desacuerdo con un posible "endurecimiento" de las condiciones para acceder a las AES, ya que el anteproyecto de ley del Gobierno recoge que los perceptores de la prestación de vivienda ya no tendrán derecho a recibir las AES.

El Consejo Económico y Social entiende que este apartado debe modificarse y redactarse de la siguiente manera: "Las personas que perciban la prestación de vivienda no tendrán derecho a las AES destinadas a la necesidades relacionadas con la vivienda", es decir, que sí podrían recibir las que correspondiesen a otro tipo de carencias.