El último pleno de Almería aprobó un 'pelotazo' de cuatro millones

El PP y el Grupo Independiente por Almería (Gial) aprobaron en el último pleno del Ayuntamiento de la capital, celebrado el 10 de mayo, una operación urbanística que ha supuesto un pelotazo de cuatro millones de euros. PP y Gial apoyaron una permuta de terrenos que benefició a ocho empresas. En marzo de 2006, estas empresas adquirieron 7,3 hectáreas en un barrio de la capital que pagaron a 20,45 euros el metro cuadrado. En la operación de la permuta, PP y Gial valoraron el terreno de los empresarios en 180 euros el metro cuadrado, lo que ha supuesto un beneficio de cuatro millones de euros para las empresas.

El expediente fue retirado del orden del pleno dos veces antes de su aprobación

La edil del grupo mixto ha presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción

Las empresas compraron en marzo de 2006 cuatro fincas calificadas todas ellas como dotaciones públicas. Pagaron medio millón de euros por 73.478 metros cuadrados (7,3 hectáreas), es decir, 20,45 euros el metro cuadrado. Siete meses después solicitaron la permuta de parte de los terrenos (2,5 hectáreas) y el Ayuntamiento valoró el metro cuadrado a 180 euros.

La única edil del grupo mixto en el Ayuntamiento de Almería, Pilar González Pradas -ex militante del Gial-, ha presentado en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia sobre esta permuta.

Los compradores, cuya identidad no fue revelada por la concejal, habrían obtenido plusvalías de cuatro millones de euros lo que, según la concejal, "produce un grave quebranto para la hacienda local". El concejal de Urbanismo y candidato a la alcaldía de Almería por el Grupo Independiente por Almería (Gial), Juan Megino, rehusó hacer declaraciones sobre el asunto a este periódico.

La permuta de las cuatro fincas fue aprobada en la última sesión plenaria de la corporación celebrada el pasado 10 de mayo, con los votos del equipo de gobierno formado por PP y Gial.

Los terrenos afectados tienen una superficie de 73.477 metros cuadrados por los que las empresas Gestinmuebles S. L., Iniciativas y Promociones del Sureste S. L., Arapiles Arquitectos Asociados S. L., Fomento Meridional S. L., Freedom Inversiones S. L., Pasygra S. L., David Alejandro Montiel Morata y Silvia Patricia Sánchez Sánchez pagaron 500.000 euros al anterior propietario, la Sociedad Aral.

La solicitud de permuta se tramitó el 23 de noviembre de 2006, ya que las fincas están calificadas como dotaciones públicas. Los propietarios adquirieron las fincas en marzo de 2006 según se refleja en la escritura que, con posterioridad, "desaparece y ya no está en el expediente", denuncia González Pradas. "Por un trozo de terreno de 25.163 metros cuadrados (2,5 hectáreas), que es el que se permuta, los propietarios ganan en siete meses cuatro millones de euros", explica González Pradas.

El expediente de permuta culmina, además, con el traspaso de dos parcelas municipales a los propietarios de las cuatro fincas "destinadas a compensar a propietarios afectados por sistemas generales y restantes dotaciones". Dichas parcelas, de 1.500 y 3.000 metros cuadrados, son valoradas por el Ayuntamiento a 500 euros el metro cuadrado.

"El precio medio de la zona, según promotores que operan en la misma, es de entre 1.000 y 1.200 euros el metro cuadrado. Es decir, la administración valora sus parcelas a la mitad del valor de mercado y un trozo de una finca que ha costado 500.000 euros en marzo de 2006 lo valora en 4,5 millones" ocho meses después, argumenta la concejal.

La incoación y aprobación del expediente de permuta para la adquisición de las cuatro fincas fue retirado del orden del día del pleno municipal de Almería hasta en dos ocasiones. La última vez por entender el pleno "que el expediente no justificaba la necesidad de la adquisición de dichos terrenos". Se da la circunstancia, además, de que las fincas privadas objeto de la permuta fueron ofrecidas al Ayuntamiento de Almería por el propietario anterior cuando el actual concejal de Urbanismo, Juan Megino, era alcalde.

El Ayuntamiento no lo aceptó "por no ser útiles para la administración", detalla la edil del grupo mixto a la Fiscalía. Dicho ofrecimiento se realizó con fecha de entrada 4 de marzo de 1997 y con número de registro 6.819. El ofrecimiento fue rechazado en el expediente P-179/97.

Entre los incumplimientos de las condiciones urbanísticas detalladas a la Fiscalía, la edil destaca que no se haya cumplido con la obligación de acreditar la necesidad de la permuta como "presupuesto imprescindible", algo que exige la ley.

Además, existen dos parcelas que el Consistorio permuta pese a que no están afectadas por sistemas generales. Así ocurre con un parcela privada que está calificada de uso residencial, de manera que "no está destinada a sistemas generales ni dotaciones, sino a viviendas y, por tanto, no puede ser permutada por ninguna de las parcelas municipales" según la ley del Suelo, dice González Pradas.