Como azucarillo en taza de café

Cada tarde, durante el receso vespertino, el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, suele recibir en la sala de juicio a alumnos de secundaria y universitaria. El juez se siente como en el salón de su casa y anima a hacer preguntas. Hay una que nunca se echa de menos: ¿se sabrá toda la verdad del 11-M? Gómez Bermúdez gira su rostro hacia la pecera, que en ese momento del receso está vacía y, con paciencia, una y otra vez, explica que el objeto del proceso son los 29 acusados. El juicio oral, pues, se mueve dentro de unos límites precisos, aquellos establecidos por la instrucción sumarial, y no puede sobrepasarlos.

El atentado del 11-M fue una operación yihadista ejecutada con explosivos procedentes de Mina Conchita. La financiación de los preparativos se ha hecho con cargo al negocio de drogas regentado por Jamal Ahmidan, El Chino, lo que, dicho sea paso, ratifica el carácter local de la operación. Sus organizadores y personajes centrales, decidieron inmolarse ante el cerco policial del piso de la calle de Carmen Martín Gaite, Leganés, el 3 de abril de 2004. La mayor parte de las pruebas periciales, reproducidas en el juicio, permiten confirmar los hechos. ¿Quiere esto decir que está probada la participación de los 29 acusados? No, ni mucho menos. Hay que ir caso por caso.

El abogado de El Haski ha mostrado con eficacia y economía la invalidez de algunos indicios contra él

El relato sobre el atentado no cuenta con ningún testimonio desde dentro, esto es, una narración cuya fuente fuese uno de los acusados. O testigos de cargo que pudieran conocer lo que ocurrió. Ni los confidentes, ni el seguimiento policial fragmentario, anterior al 11-M, pudo producir información o datos sobre el montaje directo del atentado.

Y aquellos testimonios que podían serlo no son fiables. Es lo que ha ocurrido en relación con el acusado Hassan El Haski. Su abogado ha mostrado el pasado lunes, con una eficacia y economía de palabras inusual, cómo ciertos indicios contra su cliente habían quedado en agua de borrajas por errores policiales. Ayer, tres videoconferencias con testigos en Versalles (Francia) han avanzado en esa convicción.

El testimonio de Attila Turk, preso por pertenencia al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), ante el juez Juan del Olmo, había sido decisivo, a finales de 2004, para incriminar a El Haski. Ayer, Turk rectificó. Dónde dije digo, digo Diego. Si hubiese otros indicios, el valor de esta rectificación -previsible, por otra parte- sería relativa. Pero no los hay. El Haski es uno de los siete procesados por pertenencia a banda armada y conspiración para delito de terrorismo.

Era lógico que el juez Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez siguieran la pista de aquellos que fueran presuntos miembros del GICM. Eran sospechosos de cajón. Pero, como sucede con El Haski, los indicios se disuelven como azucarillo en el café.