"Muchas empresas quieren hacer vivienda social"

Carme Trilla es la secretaria de Vivienda del Gobierno catalán. Desde su cargo ha impulsado la Ley de la Vivienda, ahora en el Parlament, y el pacto nacional sobre la misma materia. Es optimista, sobre todo porque, dice, es el empresariado el que quiere construir vivienda protegida.

Pregunta. ¿Cómo avanza el Pacto Nacional por la Vivienda?

Respuesta. De momento, muy bien. Hay voluntad de firmarlo por parte de todo el sector y de las administraciones.

P. ¿Significa eso que las condiciones que exigen algunos grupos de la oposición son asumibles o que se puede llegar a un acuerdo?

R. La única condición que conozco es la de CiU sobre el alquiler forzoso. Pero son dos temas que se tienen que discutir por separado. Prácticamente todo el mundo ha pedido que pospusiéramos la ley, es decir, que no forzáramos primero una firma de la ley para después sellar el pacto. Y es lo que estamos haciendo.

"De las 144 enmiendas de CiU a La ley de la Vivienda, más de 130 son perfectamente pactables porque tratan de introducir mejoras técnicas"

"La oposición al alquiler forzoso se ha convertido claramente en una cuestión de principios, en una bandera"

"El pacto detallará con direcciones dónde está el suelo para pisos sociales y los ayuntamientos informarán de los terrenos que poseen"

P. ¿Y cuándo se cerrarán ambos asuntos?

R. La primera semana de junio tendremos el nuevo documento para el pacto, que incorporará las aportaciones de los colectivos con los que nos estamos entrevistando, que son muchas. La segunda semana de junio debería firmarse si no se produce ningún conflicto. De momento no lo hay. En cuanto a la ley, estamos ordenando las enmiendas de CiU, el PP y Ciutadans. Si también nos ponemos todos de acuerdo, la ley se puede aprobar en julio.

P. ¿Eso quiere decir que la ley también se pactará?

R. CiU ha presentado 144 enmiendas y el PP y Ciutadans algo más de 30. Me las he mirado por encima, y de las 144 de CiU, más de 130 son perfectamente pactables, porque son mejoras técnicas. Habrá unas cuantas que presentarán algún conflicto, pero a lo mejor hay algún camino medio.

P. ¿Cree que se han ensañado con el alquiler forzoso?

R. Claro. Estamos hablando de casos muy concretos, perfectamente justificados y en situaciones de mucha necesidad de vivienda. Se trata de decirle al propietario que no lo tenga vacío, que la Generalitat se lo arregla y se lo alquila, y que a los cinco años recupera el piso. Es un sistema muy poco agresivo. Se ha convertido claramente en una cuestión de principios, en una bandera.

P. La segunda batalla es destinar una proporción del suelo de la ciudad a vivienda protegida.

R. La Ley de Urbanismo y la del Suelo prevén ahora reservas de suelo en nuevos crecimientos. Esto supone que en el futuro sólo tendremos vivienda protegida ocupando más territorio. La ley plantea el mismo principio para las operaciones de dentro de la ciudad. No en una casa de dos pisos, pero sí en un edificio de más de 2.000 metros cuadrados o de más de 20 viviendas. El 20% se tendrá que dedicar a vivienda protegida. Desde el primer momento generó una fuerte oposición por parte de propietarios y productores.

P. Pero este aspecto ha quedado bastante diluido respecto al primer borrador de la ley.

R. Al final el plan urbanístico municipal deberá prever en qué zona se aplique. Tenemos que ver si será en toda la ciudad o en una zona determinada. Por tanto, seguimos insistiendo.

P. El tercer aspecto polémico es el registro de solicitantes. ¿Habrá acuerdo?

R. Desde el punto de vista técnico, es el asunto más complejo. Se trata de cruzar una escasez de producto con una abundancia enorme de demanda.

P. ¿Será de la Generalitat?

R. Sí, pero junto a los ayuntamientos. Todos los consistorios pueden tener el suyo, formando una red en la que la Generalitat sólo tendrá el registro de donde no lo haya. Tenemos el reglamento casi acabado. Este registro nos servirá para adjudicar las viviendas por sorteo, aunque subdividido para que haya mezcla. Esto crea suspicacias. Algunos ayuntamientos plantean si en el sorteo de sus localidades entrarán personas de otros municipios o sólo gente que lleve años empadronada.

P. El País Vasco y Aragón lo tienen.

R. Allí la desproporción entre oferta y demanda no es tan alta.

P. ¿Cuál es la demanda aquí?

R. Hemos calculado unas 200.000 personas, extrapolando los datos de las listas de Barcelona, que suman 65.000.

P. El pacto prevé el derecho de compra preferente de un edificio en venta por parte de un ayuntamiento. ¿Cómo se financiará?

R. Hay tres vías. Primero, el propio ayuntamiento puede hacerlo. En vez de comprar suelo y promover, podrá adquirir un edificio en venta. Pero habrá forzosamente unos fondos complementarios de la Generalitat. Hay una tercera vía. Ceder el derecho a un promotor sin ánimo de lucro que haga las viviendas, las gestione o las venda. Esta tercera vía tiene coste cero para la Administración.

P. ¿Han acordado ya qué cantidad de viviendas públicas del pacto deberá promover cada agente?

R. No, no hemos llegado a ningún acuerdo y no sé si lo haremos. Yo no soy partidaria de plantearlo. Los compromisos con el suelo están muy claros y sabemos cómo lo movilizaremos. No es prioritario fijar los pisos que hará cada uno, porque todos tienen interés en construir muchos. El problema que tenemos ahora es que hay un volumen enorme de promotores que quieren edificar vivienda protegida.

P. Esto es nuevo, en Cataluña.

R. Sí, lo es.

P. ¿A qué se debe el cambio?

R. Ya empezó el año pasado y ahora es bastante notorio. Primero, los ayuntamientos ya son muy conscientes de que tienen un problema de vivienda. Hace tres años, a algunos todavía les costaba aceptarlo. En cuanto a los promotores, la entrada a una fase más moderada en los precios y en las ventas les hace ver que la vivienda protegida es una válvula de seguridad. Lo ha sido siempre y saben que así se garantizan las ventas.

P. ¿Cabe que algunos de estos pisos que cuesta vender se reconviertan en vivienda pública?

R. Es posible. No se descarta alguna fórmula para comercializar productos que ya existen.

P. Afirma tener claro cómo movilizar el suelo. Los promotores no lo ven igual.

R. Claro, su interés especial en el pacto está en el suelo y la financiación que aporte la Generalitat. Además del suelo del Instituto Catalán del Suelo, tenemos el que procede de las reservas urbanísticas, que es casi mayor. El pacto llevará un anexo que detallará con direcciones concretas dónde están los suelos. Además, los ayuntamientos tendrán que comprometerse en el pacto a un sistema de transparencia para informarnos de los suelos que tienen.

P. Incluyen propuestas sobre mejoras fiscales que competen al Gobierno central. ¿Han hablado con responsables de Hacienda?

R. No, lo haremos cuando tengamos el documento sobre fiscalidad que se incluirá en el pacto. Firmado por todos, cuando lo pongamos sobre la mesa del ministerio tendrá mucho más peso.

P. ¿Esperan que el Gobierno central también aporte suelo?

R. Aquí tenemos que apretar más con las conversaciones con Defensa, Renfe o con otros ministerios para conseguir suelo. Nos tiene que ayudar el Ministerio de Vivienda, y se lo hemos dicho, porque hay suelos desaprovechados.