La juez envía a prisión al jefe de la trama de Irún tras acelerar su toma de declaración

El ex director de la Hacienda de Irún, José María Bravo, ingresó ayer en prisión acusado de dirigir una trama que supuestamente estafó al menos cinco millones de euros a la Hacienda guipuzcoana. La juez que investiga el caso, Almudena Ovejero, dictó al mediodía la orden de prisión provisional, eludible con una fianza de 400.00 euros, para Bravo, quien se acogió a su derecho de no declarar en el juzgado. Esta medida fue adoptada a petición de la Fiscalía, que pidió su envío a la cárcel sin fianza ante el riesgo de que se fugara o alterara pruebas.

Bravo fue trasladado a la prisión donostiarra de Martutene a primera hora de la tarde, tras permanecer durante más de cuatro horas a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Irún, quien previamente había ordenado su detención atendiendo a una solicitud realizada por la Fiscalía el pasado jueves. Su hermano, Víctor Bravo, senador del PNV hasta el lunes, cuando dimitió, forzado por la dirección del partido, para asumir la "responsabilidad política" de haber sido director de la Hacienda guipuzcoana cuando ocurrieron los hechos, acudió al juzgado para interesarse por la situación del detenido. Luego abandonó las dependencias judiciales ocultándose la cara con una caja de cartón.

El ex director de la oficina tributaria de Irún entre 1995 y abril de 2004, y acusado de dirigir la trama que estafó más de cinco millones a la Hacienda foral, fue arrestado por agentes de la Ertzaintza pocos minutos antes de las 10.00, cuando se encontraba en la gestoría Urdanibia que él mismo dirige en la citada localidad. En su comparecencia se acogió a su derecho a no declarar, tras lo cual, la juez dictó un auto de prisión provisional eludible con una fianza de 400.000 euros.

Esta decisión llega una semana después de que la misma juez ordenara la apertura de un procedimiento penal contra los cuatro imputados en la causa: José María Bravo, su esposa María Rosa Cobos, la ex funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea y Pedro Atristain, socios del primero en varios negocios y propiedades. En dicho auto, que llamaba a declarar a los acusados el próximo 26 de junio, no se establecía ninguna medida cautelar contra ninguno, pese a que el ministerio fiscal había propuesto en su denuncia requerirles el pago de una fianza total de 1.033.915 euros.

El auto de prisión retrata a José María Bravo como el máximo responsable de una red que se apropió del dinero que cobraba a contribuyentes deudores, en lugar de ingresarlo en la Hacienda foral. La juez le acusa de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento oficial. En su escrito, explica que Bravo, mientras fue director de la delegación de Irún, recabó los nombres de contribuyentes morosos con la finalidad de "contactar con ellos, negociar la deuda y requerirles su pago, normalmente en cuantía inferior a la debida". Recibía el dinero en metálico o en cheques, que "ingresaba en su cuenta", bien "de forma directa o a través de empresas de las que era administrador o copartícipe". La instructora añade que Bravo, por último, "declaraba extinguida la deuda, así como la insolvencia del contribuyente y la prescripción del crédito".

La Diputación sostiene que estas operaciones fraudulentas permitieron a Bravo y sus colaboradores en la trama embolsarse 1,5 millones de euros.

Patrimonio acumulado

La juez recuerda que, en su declaración ante la Ertzaintza, el principal imputado negó "en todo momento" que se apropiara de dinero, aunque advierte de que la Diputación remitió después un detalladísimo informe que confirma que las cantidades satisfechas por los deudores fueron registradas como ingresadas en cuentas a nombre de Bravo. Y añade la magistrada: "A ello ha de unirse el patrimonio acumulado en este tiempo por el imputado".

Todos estos indicios son "suficientes", dice la juez en su auto, para considerar que José María Bravo se halla incriminado en los hechos que se le imputan. Ante "la importancia del fraude investigado" y "el considerable perjuicio patrimonial causado a la Hacienda foral", considera "proporcionada y necesaria" la medida de enviarle a prisión. Además, cita la posibilidad de que se fugue por residir en Urrugne (Francia).

La orden de prisión está justificada, añade la magistrada, por el hecho de que continúan apareciendo "nuevos expedientes presuntamente fraudulentos y nuevos perjudicados", y "para evitar en este caso la alteración y ocultación de esas posibles pruebas".

José María Bravo podrá salir de prisión si deposita en el juzgado una fianza de 400.000 euros, la suma que ha fijado la juez "a la vista de la cantidad que podría haberse defraudado y del elevado patrimonio del imputado". El ex director es propietario de una mansión en la mencionada localidad vascofrancesa y de un hotel de lujo y un Spa con piscinas en Jerte (Cáceres), además de una vivienda unifamiliar y varias fincas ubicadas en este municipio extremeño, dos apartamentos en Marbella, dos fincas rústicas en Jaca (Huesca) y una plaza de garaje en Ávila. También es administrador y posee participaciones en una docena de empresas.