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Elecciones 27M | FALTAN 10 DÍAS

El Supremo deniega la inscripción de ASB como partido

La Sala Especial del Tribunal Supremo denegó ayer la inscripción en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior a Abertazle Sozialisten Batasuna (ASB), al considerarlo sucesor de la ilegalizada Batasuna, tal como argumentaron en sus respectivas demandas la Fiscalía General del Estado y el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado.

La Sala celebró ayer una comparecencia pública en la que la representación legal de ASB, el fiscal y el Abogado del Estado, expusieron sus alegaciones y pruebas. Al término de la vista, los magistrados se reunieron y a primera hora de la tarde anticiparon el fallo de la resolución, que se conocerá en los próximos días.

El fiscal y el Abogado del Estado dieron por reproducidas sus demandas en las que, en síntesis, insisten en que ASB es sucesora de Batasuna, puesto que sus promotores pertenecen a la Mesa Nacional de Batasuna y una de ellas, Marije Fullaondo, está imputada por el juez Baltasar Garzón por presunta pertenencia a ETA; han trasplantado la estructura y órganos de la extinta Batasuna a ASB y este partido sigue utilizando la marca "Batasuna" en su denominación.

Por su parte, los abogados Iñigo Iruin y Adolfo Araiz, representantes legales de ASB

insistieron en que primero debía ser inscrito el partido y posteriormente podría controlarse si incurría en los presupuestos de la Ley de Partidos Políticos como sucesor de la ilegalizada Batasuna. "Lo relevante y determinante es la actividad del nuevo partido, para acreditar que pretende suceder a los partidos ilegalizados, pero para eso primero hay que tener actividad", insistió Iruin.

Uno de los abogados de ASB planteó a la Sala Especial que eleve una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional en la que consulte si el Ministerio del Interior puede paralizar la inscripción de un partido en el Registro.

Adolfo Araiz explicó que ASB es el cauce elegido por la izquierda abertzale para normalizar su situación legal, con unos estatutos en los que "por primera vez" se dice que el ejercicio de la actividad política se hará con arreglo a los principios democráticos y el pluralismo político, lo que a su juicio excluye actuar con cualquier tipo de violencia.

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