Vuelven los cayucos

El cambio de las condiciones climáticas atlánticas ha hecho reaparecer la dramática imagen de los cayucos llegando a las costas canarias. Si la inmigración ha sido materia de confrontación durante toda la legislatura, la coincidencia de esta nueva oleada de subsaharianos y magrebíes dispuestos a entrar clandestinamente en España con la campaña de las elecciones municipales y autonómicas ha exacerbado la controversia política y, en buena medida, los despropósitos.

Así, el Partido Popular ha vuelto a culpar al Gobierno por la regularización que llevó a cabo hace tres años, y que ahora han anunciado Alemania y Holanda, como si sus supuestos efectos se prolongasen indefinidamente en el tiempo. Peor ha sido la reacción del líder de Convergència i Unió, Artur Mas, que ha llevado sus críticas hasta el extremo de responsabilizar a la Generalitat por la presunta presencia de yihadistas en Cataluña, enmarcando estas desafortunadas declaraciones en el contexto de la inmigración. Mas juega con fuego: los pequeños partidos xenófobos están proliferando en diversos municipios catalanes.

Las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la crisis del pasado año han dado resultados positivos y es de esperar que sigan dándolos, aunque no se puede perder de vista que los problemas de fondo permanecen invariables. La implicación de los socios europeos en el control de las fronteras comunes a través del dispositivo Frontex resulta imprescindible. En respuesta al actual repunte de la inmigración clandestina, Roma ha anunciado el envío de un buque y un avión adicionales, mientras que Madrid ha hecho lo equivalente con dos nuevas patrulleras. Las mayores dificultades proceden de Senegal, de donde zarpan muchos de los cayucos que llegan a Canarias. Por razones de política interior, Dakar ha disminuido su colaboración en el control de las salidas y en las repatriaciones.

La Comisión Europea se propone establecer un régimen de sanciones a los empresarios que contraten irregularmente a trabajadores extranjeros. Se trata de una medida a largo plazo, pero que pone el acento sobre el verdadero núcleo del problema, el auténtico desencadenante del efecto llamada. Mientras no se corrija una situación como la actual, en la que el hecho de entrar legal o ilegalmente no es obstáculo para encontrar un empleo, gracias a la existencia de un poderoso sector informal en la agricultura, la construcción y los servicios, quienes huyen de los países pobres seguirán considerando que vale la pena intentar la travesía.