El fiscal de Seguridad Vial apuesta por endurecer las penas por delitos de tráfico

El fiscal especial para la Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, admitió ayer la tibieza de la justicia a la hora de castigar los delitos de tráfico. Lo hizo ante las decenas de víctimas de accidentes y familiares que asistían al cuarto Foro contra la Violencia Vial, convocado en la sede del Ministerio de Sanidad por la asociación Stop Accidentes. La presidenta de este colectivo, Ana María Campo, había denunciado minutos antes la "impunidad" de quienes cometen "los mal llamados accidentes de tráfico".

Vargas subió al escenario con ganas de hacer autocrítica. Tras definir a las víctimas como "grandes ignoradas", lamentó que infracciones tan "graves" como los atropellos en pasos de cebra no se consideren delitos y se resuelvan en juicios de faltas. "Incluso si se producen muertes, apenas hay respuesta penal. Se ha convertido en un mercadillo lamentable, en un agujero negro", remachó. En cuanto a los delitos "menos graves", apostó por imponer penas "alternativas", como obligar al infractor a atender a la víctima en su domicilio o someterlo a programas de reeducación.

El fiscal se mostró esperanzado en que la futura reforma del Código Penal, que endurecerá las penas por delitos contra la seguridad vial, se convierta en "una poderosísima herramienta disuasoria", pero no se limitó a reclamar un castigo mayor a los infractores. A raíz de los debates celebrados a lo largo de toda la mañana, también reconoció que la "descoordinación" existente entre los servicios públicos retrasa la atención a las víctimas.

Por la tarde, la discusión se centró en la necesidad de una reforma legislativa que elimine las trabas a los análisis para comprobar si un accidentado ha consumido alcohol. El teniente coronel de la Guardia Civil José Luis Ulla se quejó de que, cuando las lesiones de un conductor le impiden soplar en el alcoholímetro, no se le pueda extraer sangre en contra de su voluntad. El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de los Diputados, Jordi Jané (CiU), recogió el guante y se mostró dispuesto a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para solventar esta "clarísima laguna".

Antes de clausurar el foro, el director general de Tráfico, Pere Navarro, expresó a Efe sus dudas de que una sociedad que "no ha sido capaz" de regular el consumo de alcohol entre los jóvenes pueda "ser madura" para hacer frente a la siniestralidad. En este contexto, lamentó que se "ridiculicen" las medidas emprendidas por la DGT. Navarro, que coincidió con las víctimas en que los accidentes son "un grave problema de salud pública", adelantó que el balance del primer año con el carné por puntos, que se cumplirá el próximo 1 de julio, demostrará que el sistema aún "goza de buena salud". El permiso por puntos, dijo, "ha reducido el número de víctimas y ha ayudado a abrir un debate social".