Zapatero afirma que la nueva Ley del Suelo luchará "radicalmente" contra la corrupción

España contará desde el próximo 1 de julio con una nueva Ley del Suelo con la que se sientan las bases para frenar la especulación "salvaje" y combatir la corrupción. Además, se reserva un 30% de suelo para vivienda de protección oficial. Éstas son algunas de las características que ayer resaltó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando, por sorpresa, subió a la tribuna para poner el broche a la ley que ayer aprobó definitivamente el Congreso, y que llegó de la mano de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo. La ley ha contado con el apoyo de todos los grupos menos el PP.

No hubo ayer una votación final y solemne para esta nueva Ley del Suelo, que entrará en vigor el 1 de julio, toda vez que ésta ya se produjo cuando salió por primera vez del Congreso camino del Senado. Tan sólo se trataba de aprobar las enmiendas que ha introducido el Senado, pero al ser el último y definitivo trámite parlamentario Zapatero, por sorpresa, pidió la palabra para subir a la tribuna de oradores y cantar las excelencias que, a su juicio, tiene la ley.

La impulsora de la misma, la ministra Trujillo, dejó paso al presidente y se limitó, ya en los pasillos, a poner en relación esta ley con la utilización que de ella van a tener que hacer los ayuntamientos después de las elecciones del día 27. La clave electoral, ciertamente, estuvo presente ayer en el Congreso en la defensa y ataque de esta ley, cuando faltaban pocas horas para que empezara oficialmente la campaña electoral para los comicios municipales y autonómicos.

Y porque hay elecciones en breve fue el responsable de política municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, quien subió a la tribuna de oradores a defenderla, en sustitución del ponente que ha trabajado durante meses esta ley, Francisco Contreras. Cuesta entusiasmó a los suyos y enojó a los parlamentarios del PP cuando aseguró que la ley de 1998 del Gobierno popular "eliminó todos los obstáculos que estorbaban a la especulación".

No todo urbanizable

Se refería Cuesta a la filosofía de la ley que va a ser sustituida por la aprobada ayer, según la cual "todo suelo es urbanizable". Con esa ley del 98 el PP vaticinaba un abaratamiento del suelo, pero se ha producido el efecto contrario. En estos nueve años el precio del metro cuadrado en España ha pasado de costar 702,8 euros en 1997 a valer 2.024,2 euros en el primer trimestre de 2007, un incremento del 188%.

Con las restricciones que incorpora la nueva norma, el presidente del Gobierno confía en poder "combatir radicalmente la corrupción", al tiempo que propiciará una "desaceleración" de los precios de la vivienda. La ley obliga a los concejales y directivos municipales a hacer declaraciones públicas de sus bienes y actividades privadas y estarán sometidos a incompatibilidad en los dos años siguientes a su cese.

El reajuste del coste de la vivienda al que se refirió el presidente lo puso en relación con algunas de las medidas que contiene la ley. Entre otras, la reserva de suelo del 30% de los proyectos urbanísticos para viviendas de protección oficial, y la cesión obligatoria de entre el 5% y el 15% del suelo que se transforme en urbanizable.

Además, se establece una nueva valoración del suelo, de forma que su valor no estará en función de las expectativas, sino de su uso real inicial. Esta medida es calificada de "expolio" por la Asociación de Promotores Constructores, ya que permite la expropiación de suelo a un precio sensiblemente inferior al que han pagado las empresas con vistas a posteriores recalificaciones.

Aunque al PP le parecen del todo insuficientes las medidas contra la especulación, se introducen novedades de control. Así, será obligatoria la revisión de planeamiento global del municipio o territorio cuando por sí mismas y a lo largo de dos años las actuaciones propuestas supongan el incremento de un 20% de la población o de la superficie de suelo en el ámbito correspondiente.

Abaratar las expropiaciones

Pero para la portavoz autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría y el diputado ponente por este partido, Pablo Matos, con esta ley no se acaba ni con la corrupción ni con la especulación, ya que sólo se trata de "abaratar las expropiaciones" y acabar con el concepto de justiprecio.

Pero en el resto de los grupos de la Cámara la satisfacción moderada fue la actitud dominante, Así lo manifestó el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, que reconoció los avances, aunque su grupo insistirá en todo un paquete de medidas que, a su juicio, redondearían más la ley.

Incluso el PP, aunque mantiene un rechazo "frontal y total" a la ley, sí votó a favor de algunas enmiendas, como las relativas a la protección de los espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000. Los grupos nacionalistas han ido aminorando las críticas a la ley, según se producía el reconocimiento de las competencias a las comunidades autónomas, en la gestión de los patrimonios públicos de suelo.