La juez aplaza hasta junio la vista por el despido de una abogada del grupo socialista

La titular del Juzgado número 3 de lo Social de Vitoria aplazó ayer hasta el próximo 5 de junio la vista por el despido de una abogada que trabajaba para el grupo parlamentario socialista. La juez decidió la suspensión dos horas después del momento fijado para el inicio del juicio ante los retrasos acumulados. La denunciante, Izaskun Sánchez, fue destituida el pasado mes de febrero del puesto que desempeñaba, tras reincorporarse de una baja que atribuye al acoso laboral. Las defensas tanto del grupo socialista como de la Cámara rechazan que el caso sea un despido "porque se trataba de un puesto de confianza", por lo que lo consideran un cese amparado por la normativa.

La juez anunció la suspensión de la vista poco después de las dos de la tarde, cuando en los pasillos del Palacio de Justicia de Vitoria esperaban los letrados de las partes y los testigos propuesto.

Aunque la juez había citado, a petición de la defensa de la ex empleada del grupo, a toda la cúpula de éste -Patxi López, José Antonio Pastor, Jesús Egiguren y Rodolfo Ares, entre otros-, ninguno de ellos compareció. En su nombre acudió a la cita la parlamentaria Blanca Roncal, encargada de la política de personal de la formación socialista en la Cámara.

"Se trata de dilucidar si es un despido, como pide la denunciante, o un cese de personal de confianza, como mantenemos en el grupo socialista", indicaron fuentes del PSE. Esta misma posición es la que mantiene el gabinete jurídico del Parlamento.

Todos los empleados al servicio de las formaciones parlamentarias tienen el mismo sistema de contratación, regulado en el Estatuto de Personal de la Cámara. Esta reglamentación, que tiene rango de ley, establece que un trabajador de un grupo puede ser destituido por quien le haya nombrado, siempre previa comunicación a la Mesa de la Cámara, mecanismo utilizado por el PSE en este caso.

Sin embargo la denunciante, la abogada Izaskun Sánchez, cree que esa regulación que afecta a los trabajadores del legislativo colisiona con la legislación laboral vigente. La letrada ha pedido que declare en la causa el médico que le trató la depresión que sufrió antes de su despido, que atribuye al "acoso laboral". Este facultativo era uno de los testigos que ayer esperaban en los pasillos del Palacio de Justicia para prestar declaración.

Según el relato de la denuncia, comenzó a sufrir esa situación en el año 2004, después de que constituyese una sociedad con una compañera de trabajo en el Parlamento, la socióloga Begoña Conde, quien trabaja como técnico para grupo parlamentario. La empresa tiene como objeto social ofrecer determinado servicios a las pymes.

La denuncia añade que en marzo de 2006, el portavoz del grupo, José Antonio Pastor, le requirió para que eligiese entre su empresa y su trabajo en la Cámara, pero la demandante consideró que no existía incompatibilidad entre ambas ocupaciones. Un mes después, Sánchez se tomó una baja laboral después de que se le diagnosticase un cuadro de "ansiedad reactiva a problemática laboral".

Cuando se reincorporó a su puesto el pasado 1 de febrero, la letrada encontró su mesa ocupada y sus efectos personales recogidos en cajas. El secretario del grupo socialista, Óscar Rodríguez, le comunicó que estaba "cesada".

"Cesión ilegal"

La demanda ha sido presentada no sólo contra el grupo parlamentario del PSE, sino también contra la administración de la Cámara, ésta última acusada de cesión ilegal de trabajadores, ya que formalmente era la empresa de la despedida. Sánchez ha trabajado en el Parlamento para el grupo socialista desde 1992, pero desde 1997 la propia Cámara cotiza por ella, al igual que por el resto del personal de los grupos, en la Tesorería de la Seguridad Social.

Por ello, la defensa de la denunciante solicitó la declaración de la presidenta de la Cámara, la peneuvista Izaskun Bilbao, criticando que haya permitido una situación de acoso en su ámbito. "El Parlamento es responsable directo o solidario, pues en su posición de empleador no ha observado el deber de protección de sus trabajadores", reclama la demandante.

Izaskun Bilbao tampoco va a comparecer. Una letrada de los servicios jurídicos de la Cámara esperó ayer como todos los demás hasta que la juez dictó la suspensión. La nueva vista ha sido convocada para el 5 de junio, nueve días después de las elecciones municipales y forales de este mes.