Por qué no

Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javier Pérez Royo en su artículo Por qué no (EL PAÍS, 5 de mayo 2007): si ya es dudoso constitucionalmente que se pueda ilegalizar un partido político, mucho más lo es, o mejor dicho, es claramente inconstitucional privar a un ciudadano español, que no haya sido condenado a la pérdida del derecho de sufragio activo y/o pasivo por sentencia judicial firme por razón de delito, o incapacitado judicialmente, a formar parte de una lista electoral; todavía más, si esa privación se basa en su pertenencia a un partido político ilegalizado, o en sospechas de afinidad ideológica o simpatía con el mismo.