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La Generalitat "prefiere" que Agbar no venda el instituto del automóvil y el laboratorio de ensayos

Aguas de Barcelona, Caja Madrid y Fenosa aprueban en consejo la venta de su filial Applus

El Consejo de Administración de Applus, que controla el mercado catalán de inspección técnica de vehículos y es propiedad de Aguas de Barcelona (Agbar), Unión Fenosa y Caja Madrid, autorizó ayer la venta de la compañía, que interesa a varios fondos extranjeros. La decisión no es ajena a la Generalitat: Applus se formó al privatizarse el Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones (LGAI) bajo la batuta de CiU, y de Applus cuelga el Instituto de Investigación del Automóvil (IDIADA). El Gobierno catalán, que mantendrá su participación en ambas entidades, "prefiere" que no se vendan y pide que Agbar potencie su inversión.

El primer accionista de Applus es Agbar, con el 53,1% del capital. Y el Consejo de Administración de Agbar ya dio luz verde al proceso de venta de su filial de inspección y certificación la semana pasada, al hilo de la voluntad de sus principales dueños, Suez y La Caixa. Ayer fue el turno del Consejo de Administración de la propia filial, Applus, que reúne, además de a los representantes de Agbar, a los de sus otros dos socios en el capital: Fenosa y Caja Madrid. Ambas empresas eran partidarias de vender para rentabilizar sus inversiones en la empresa. Formalmente dieron luz verde a una "posible disposición de activos" de la compañía, según fuentes empresariales.

A este proceso no ha sido ajena, en contactos informales, la Generalitat, que se dispone a asistir a la más que probable venta a un grupo extranjero de una empresa catalana de origen público que en su día fue privatizada con todas las cautelas para que fuera a parar a una compañía autóctona como Agbar. Grupos extranjeros como Underwriters Laboratories (UL) se retiraron del concurso porque esgrimían que sus bases estaban hechas a medida de un grupo catalán. Esta semana abordarán de nuevo la situación representantes de Applus y de la Generalitat.

La situación es ésta. El Gobierno catalán dejó hace años en manos privadas la gestión del Instituto de Investigación del Automóvil, pero aún mantiene el 20% público del capital. Esta empresa de ingeniería forma parte del conglomerado empresarial que es Applus. El Gobierno catalán quiere desempolvar el pacto que alcanzó hace un año cuando Applus ya estuvo a punto de venderse: que Agbar no pierda el control del IDIADA y que potencie sus inversiones en él. El Ejecutivo permanecerá como accionista con su 20% porque lo considera "estratégico" para Cataluña y para impulsar la industria del automóvil.

De hecho, fuentes de la Generalitat explicaron ayer que ésta "preferiría que Agbar no vendiera IDIADA, como preferiría que Agbar no vendiera tampoco el Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones". La Generalitat mantiene el 5% de las acciones de este laboratorio, origen de lo que luego sería Applus, tras su privatización en 2002.

El Gobierno catalán examinará a fondo los compromisos que exigió cuando se produjo la privatización, "y los hará cumplir". En especial, en materia de inversiones.

El proceso de venta arranca, además, cuando la Generalitat está elaborando un nuevo proyecto de ley de seguridad industrial que cambia el régimen actual de concesiones por otro de autorizaciones en el sector de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Este cambio se traduce en "intentar mantener la seguridad industrial y a la vez introducir mayor competencia". Applus controla el 85% de las ITV catalanas y el primer tripartito se rompió con la salida de ERC antes de que se aprobara la ley que iba a cambiar la situación.

"Claro que habrá que tener en cuenta quién será el dueño de Applus al desarrollar el reglamento", indicaron fuentes de uno de los departamentos del área económica. Este reglamento pondrá un tope de cuota de mercado que podrá controlar un único operador.

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