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Telefónica y los administradores de Vitelcom buscan un acuerdo para que la fábrica mantenga la actividad

Fernando J. Pérez

Los 400 trabajadores de la fábrica de teléfonos móviles Vitelcom, con sede en Málaga, aguardaban ayer con impaciencia el resultado de la reunión que mantenían -en un lugar no determinado de la capital malagueña- representantes de Telefónica con los tres administradores concursales que regentan Vitelcom desde que la empresa se declaró en quiebra el pasado mes de abril. El encuentro, que comenzó alrededor del mediodía y al que también asistieron representantes de la Junta de Andalucía y de Comisiones Obreras, buscaba un preacuerdo para que Telefónica, principal cliente de Vitelcom hasta el comienzo de la crisis, se hiciera cargo de los tres millones de euros en salarios atrasados a la plantilla desde el pasado 15 de febrero hasta la actualidad. Además, los administradores concursales pretenden poner en marcha un plan de viabilidad bajo la premisa de que Telefónica encargará terminales a Vitelcom por valor de 12 millones .

Vitelcom, la mayor empresa del Parque Tecnológico de Andalucía, arrastra una deuda de 180 millones de euros, según los cálculos de los administradores judiciales. Desde el pasado 24 de abril, técnicos de la Junta de Andalucía especialistas en situaciones de crisis empresariales colaboran con los administradores nombrados por el juzgado para buscar soluciones que permitan a la compañía mantener su actividad.

Vitelcom es una empresa joven tanto por la media de edad de sus empleados, que ronda la treintena, como por el año de fundación, 2001. La compañía, que se instaló en el PTA en junio de 2003, llegó a contar con hasta con 800 asalariados entre fijos y temporales, y en sus mejores tiempos adquirió, con la ayuda de la Junta de Andalucía, las instalaciones de la empresa de telecomunicaciones A Novo. En 2004 Vitelcom facturó 311 millones de euros y en 2005 algo menos de 390 millones.

En 2005 comenzó el declive. Ese año la producción bajó de cinco a cuatro millones de móviles y en julio de 2006 se quedaron sin contrato cien empleados temporales. En octubre de 2006, la dirección adelantó el pago de los salarios al día 12 en previsión de un posible embargo que dejara a los trabajadores sin sueldo. Desde febrero, los empleados no han cobrado ninguna mensualidad y acuden cada día a la fábrica a pesar de no tener ningún encargo. El expediente de extinción de empleo, presentado por los anteriores dueños de la empresa, vino después de que Telefónica dejara de hacer pedidos de la marca blanca Movistar.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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