Dos ediles de Alhendín inculpan al ex concejal de Urbanismo

El teniente de alcalde de Alhendín (Granada), Salvador Nogueras, y la concejal María José Garrido responsabilizaron ayer al ex concejal de Urbanismo Manuel Fernández de las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en el Ayuntamiento, en su declaración ante el juez instructor del caso, Miguel Ángel Gómez Torres. Ambos ediles, del PP, imputados de prevaricación, derivaron así la supuesta corrupción municipal sobre Fernández.

El ex concejal de Urbanismo Manuel Fernández manejaba a su antojo la aprobación de convenios supuestamente irregulares, según el testimonio de los últimos ediles imputados, en un caso que ya cuenta con 14 imputados entre políticos, promotores y técnicos municipales.

Tanto Nogueras como Garrido manifestaron ante el juez instructor del caso, Miguel Ángel Gómez Torres, que Fernández convocaba las sesiones para la aprobación de convenios urbanísticos "sin orden del día ni convocatoria previa". Añadió que siempre les comunicó que dichos convenios contaban con informes técnicos favorables. Las sesiones llegaron incluso a celebrarse sin la presencia del secretario, según el testimonio de ambos. El ex concejal de Urbanismo realizaba la lectura de los informes, en lugar del secretario, tal y como es preceptivo.

Los ediles pusieron en entredicho la gestión del secretario municipal, Antonio Peralta, que declaró en el caso como testigo, y le achacaron no levantar actas de las comisiones de Gobierno. "No sé nada de urbanismo y creía que los proyectos eran buenos para el municipio", declaró Garrido.

Los ediles mantuvieron ante el magistrado que nadie les advirtió de que el polígono industrial Marchalendín, una de las principales actuaciones urbanísticas investigadas por el juez, contara con informes técnicos y jurídicos desfavorables. Nogueras precisó que desconocía el contenido del convenio urbanístico firmado con la promotora Frai, a la que el consistorio vendió suelo municipal en el que ahora se construye una promoción de 1.200 viviendas. Asimismo Nogueras, que ha sido concejal de Obras Públicas durante los últimos 12 años, aseguró que desconocía si al propietario de Frai, imputado por presunto cohecho, se le concedió el 10% del aprovechamiento de los terrenos.

El juez interrogó a ambos ediles sobre si el alcalde les presionó para que votaran a favor de conceder las licencias presuntamente irregulares, pero ambos negaron tal extremo. Sobre esta cuestión, ayer prestó declaración también el arquitecto municipal, José Manuel Zambrano, imputado por un delito contra la ordenación del territorio al avalar el informe de valoración de los terrenos vendidos por el ayuntamiento a la promotora Frai. Zambrano se mostró muy poco preciso y no supo aclarar en su declaración por qué había informado de manera favorable sobre ciertas licencias, pese a que las normas subsidiarias indicaban que no se debía construir en distintos terrenos. "No ha sido concreto y no ha dado contestaciones aclaratorias", expuso una fuente judicial acerca de la declaración.

Zambrano dijo que desconocía por qué la concesión de una licencia para una gasolinera fue otorgada al comprador de una parcela propiedad de la familia del ex alcalde José Guerrero y dijo desconocer que ese terreno perteneciera a los familiares del ex regidor. El arquitecto añadió que desconocía la existencia de una petición de revisión de licencia de las obras por afectar a terreno público.

Además, dos empresarios acusados de presunto cohecho declararon ante el juez. M. M., uno de los propietarios de los terrenos de Marchalendín, y Fernando Muñoz, padre de los promotores del polígono industrial. Éste último negó que las alusiones relativas a destinar una comisión del 1,5% al ex edil de Urbanismo "no son reales" y pueden obedecer a un intento de "disimular otras operaciones", declaró.