Contra la precariedad

El Día Internacional del Trabajo, festejado ayer, es un momento adecuado para reflexionar sobre los numerosos y complejos problemas que aquejan al mercado laboral español, similares por cierto a los que sufren los trabajadores de las economías desarrolladas. Los manifestantes de ayer alzaron su voz en contra de dos de ellos: la precariedad laboral -un tercio de los ocupados españoles depende de contratos basura- y el azote de la deslocalización. Los salarios bajos y las ventajas fiscales atrajeron en décadas pasadas a considerables proyectos de inversión industrial; pero hoy tales ventajas relativas han desaparecido y las inversiones fluyen hacia otros países. La inquietud sindical está justificada; pero es un error buscar soluciones con protestas airadas o amenazas en el vacío. Es más práctico concertar políticas industriales activas que se apliquen preventivamente en las localidades con dependencia excesiva de la inversión industrial extranjera.

Con todo, el fenómeno más grave que angustia a los trabajadores y mancha indirectamente a toda la sociedad española es el de la siniestralidad laboral. Este cáncer social se cobra todos los años casi mil muertos y un millón de heridos. Esta pesadilla sangrienta se nutre de la precariedad laboral, de la práctica extendida de la subcontratación y del desprecio de una parte de las empresas a las leyes de seguridad laboral, que no se cumplen en nombre del ahorro de gastos o por negligencia criminal. Los sindicatos y la Administración son responsables de elaborar de forma inmediata una estrategia social para que los obreros no mueran en los andamios o atrapados por las máquinas. Los sindicatos confían en la fiscalía especial contra la siniestralidad; pero la parquedad de resultados cosechados hasta ahora invitan a suponer que sería mucho más eficaz si, además, los accidentes laborales se convirtieran en un asunto de Estado y se articulara un consenso social que penalizara socialmente a las empresas que no sean capaces de erradicarlos.

Los sindicatos tienen motivos adicionales de reflexión; la baja sindicalización de los trabajadores -una debilidad que arrastran desde la transición democrática y que parecen haber renunciado a corregir- o la pérdida de participación de las rentas salariales en la renta nacional, originada en la internacionalización del mercado de trabajo y la entrada en tromba de inmigrantes, son dos de los más importantes. Pero, aunque no sean responsables en primera instancia, donde se juegan gran parte de su credibilidad es en la capacidad que tengan para aportar y negociar soluciones que acaben con la siniestralidad laboral.