Prisión para un empresario implicado en blanqueo de capitales en Mallorca
El juez deja al abogado Miguel Feliú en libertad bajo fianza de 500.000 euros
Un juez de instrucción de Palma de Mallorca ha ordenado el ingreso en prisión del empresario turístico Patrick Duchemin y ha dejado en libertad bajo finaza de 500.000 euros al jurista Miguel Feliú, socio del bufete Feliú-Abogados y asesor jurídico del Ayuntamiento de Calviá, por delitos de fraude fiscal, estafa y falsedad documental en la venta de parcelas para construir viviendas. Otros seis detenidos han quedado en libertad sin fianza pero con cargos, según indicaron ayer fuentes de la Administración de Justicia.
La investigación, desarrollada a partir de denuncias derivadas del urbanismo salvaje en Andratx (Mallorca), ha permitido desarticular una amplia red de blanqueo de capitales en la que están implicados dos bufetes, dos notarías y una sucursal bancaria.
Las detenciones de los imputados se produjeron el pasado jueves dentro de una gran operación contra el blanqueo de capitales. Las investigaciones sobre estafas en la venta de solares en Cala Llamp (Andratx) detectaron que habían participado en esos supuestos delitos algunos integrantes del bufete Feliú-Abogados y que se habían utilizado "en varias operaciones de compraventa fraudulenta de solares una serie de sociedades instrumentales, testaferros y documentos de identidad falsos con los que usurpaban las identidades de algunos de los verdaderos titulares de los solares".
La Agencia Tributaria ha investigado al despacho de abogados Feliú y al de Sonia Regina da Costa, que trabajaban supuestamente en la prestación de servicios "tendentes a la ocultación de grandes capitales, con grave perjuicio para la hacienda pública española". Miguel Feliú, uno de los socios del primero de esos bufetes, ha quedado en libertad bajo fianza de 500.000 euros tras prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma de Mallorca.
En la investigación han participado el Cuerpo Nacional de Policía, la Agencia Tributaria, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y el Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales del Banco de España. Fuentes de la Agencia Tributaria han indicado que esta operación incide sobre "una de las formas más complejas y sofisticadas de fraude fiscal".
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