El ladrillo llega a la frontera con Portugal

Los márgenes del Guadiana y de ríos vecinos como el Chanza, dentro de la provincia de Huelva, se han hecho especialmente atractivos para los promotores inmobiliarios. Un área, en las inmediaciones con Portugal, que se ha mantenido al margen del gran desarrollo turístico vivido en la última década en la costa occidental onubense y que tiene su paradigma más claro, para algunos, en Ayamonte, concretamente en la urbanización Costa Esuri, al norte del municipio, así como en el asombroso crecimiento residencial de Isla Canela, en dirección a Isla Cristina.

Huelva era una provincia que de alguna manera había esquivado la conurbación urbanística en la que se han convertido zonas de la costa mediterránea andaluza. Pero en los últimos diez años, su costa occidental ha visto levantarse nuevos hoteles, campos de golf y urbanizaciones. Desde Cartaya hasta Ayamonte. Pero allí, justo donde muere el Guadiana, la línea de costa termina.

Por eso, los inversores han girado la cabeza al norte, siguiendo el curso del río. Allí han encontrado bellísimos paisajes y pueblos pintorescos casi intactos, pero que viven una situación económica difícil. Algunos responsables de estos pueblos, en parte, anhelan que un futuro turismo residencial lleve prosperidad a la zona. Pero hay quien recela. Grupos ecologistas de ambos lados de la frontera, de España y Portugal, llevan años reclamando que se constituya un parque natural transfronterizo en el bajo Guadiana que preserve la zona del crecimiento urbanístico.

Recelos ecologistas

Los grupos conservacionistas miran con recelo los planes urbanísticos que algunos ayuntamientos contemplan. En los últimos seis meses, pequeños pueblos como El Granado, gobernado por el PSOE, al igual que Ayamonte, o Sanlúcar del Guadiana, regido hasta hace dos semanas por un alcalde del PP que ha dejado sus filas por desavenencias con la dirección provincial, han anunciado crecimientos desmesurados.

En el Granado (618 habitantes), el alcalde Juan Manuel Burga, proyectaba la construcción de una urbanización de 2.678 chalés, un hotel de 1.800 plazas y un campo de golf en terreno protegido por su valor medioambiental. El proyecto fue paralizado por la Junta. En Sanlúcar, el regidor, Cándido Saldaña, presentó un avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que planteaba ampliar las nueve hectáreas de terreno urbano del municipio a 336 (unas 37 veces más); cifra que el alcalde redujo a 181 (20 veces más) en enero. Saldaña afirma ahora que este número va a reducirse mucho más.

Ambos planes tendrán que adecuarse a Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que impide calificar como urbanizable más del 40% del terreno urbano existente en una localidad, así como aumentos de población superiores al 30%.

Realmente, río arriba no se han repetido intervenciones tan claras como el gran complejo residencial de Costa Esuri, que construye Fadesa. Con sus 6.300 viviendas y dos campos de golf, prácticamente iguala en superficie al mismo pueblo que lo acoge. Costa Esuri se desarrolló a través de Normas Subsidiarias, y Ecologistas en Acción ha denunciado que los estudios de impacto ambiental no se desarrollaron concretamente. El mismo grupo ha presentado alegaciones al PGOU de Ayamonte por considerar que sus criterios respondían a "intereses especuladores". "La tercera, y hasta el momento última, aprobación inicial del PGOU prevé la construcción de 2.762 viviendas nuevas no turísticas, con una ratio de 3,1 habitantes para cada una, en un plazo de ocho años", afirma el portavoz de Ecologistas, Iñaki Olano.

Actualmente hay unas 10.000 viviendas en el núcleo del municipio, según los ecologistas. "A estas nuevas casas habría que sumar otras 6.009 viviendas turísticas, de las que no se especifica su ratio de población, y 3.233 plazas hoteleras", añade. Según los ecologistas, el PGOU no se adapta ni al POTA, ni al Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva (POTLOH). "Pero lo terrible es que el grueso del crecimiento queda fuera del PGOU. Se trata de Costa Esuri e Isla Canela, que entre ambos suman más de 50.000 plazas turísticas, juntando hoteles y segundas residencias", dice Olano.

¿En qué situación se encuentran ahora todos estos proyectos? A un mes escaso de las elecciones, los alcaldes y candidatos socialistas de Ayamonte y El Granado prefieren no opinar sobre estos temas y dejan que sea la voz genérica del PSOE la que responda. El partido se reafirma en lo que ya explicó cuando se conoció el caso de El Granado. "Velaremos para que se respete medioambientalmente una zona como la del Guadiana. Por eso acatamos los compromisos del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, como hacemos en el resto de la provincia. Los criterios de sostenibilidad son los que prevalecen en nuestra política", afirman fuentes socialistas.