El Gobierno desoye a la CNE y descarta el derecho de veto a Enel

El Consejo de Ministros decidió ayer levantar los límites que afectaban a los derechos políticos de Enel en Endesa por la participación del Estado italiano en su capital. El Gobierno hizo caso omiso a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que le instaba a establecer un derecho de veto por esa naturaleza pública. La propia CNE se arrogó el jueves el derecho a revocar decisiones de Enel en Endesa por "interés general".

El Gobierno ya había anunciado que no iba a utilizar la limitación establecida por el decreto Rato. Esa norma, que el Ejecutivo cree incompatible con la actual doctrina de Bruselas, limita al 3% el ejercicio de los derechos políticos de empresas extranjeras con capital público que participen en compañías energéticas españolas. Pero también prevé que el Consejo de Ministros autorice la supresión de ese límite, permiso que había solicitado Enel, que ya controla el 24,9% de Endesa.

Aunque el visto bueno ya se daba por descontado, faltaba por comprobar qué condiciones se ponían a Enel por la participación del Ejecutivo italiano (31%) en su accionariado. Y la decisión que comunicó ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, allana el camino a Enel, facilita el entendimiento con la Comisión Europea y vuelve a dejar en entredicho el papel de la CNE.

La CNE había recomendado al Gobierno que ligara su autorización a "un derecho de veto ex post" sobre decisiones que se tomen en Endesa para garantizar que Enel "no prima los intereses propios de la sociedad matriz y del Gobierno italiano, en la adopción de decisiones estratégicas que afecten a la actividad de Endesa relacionada con la seguridad pública española". Una propuesta que cayó en saco roto.

Críticas del PP

De las recomendaciones que realizó la CNE, el Gobierno sólo ha rescatado la más suave: la obligación a Enel de informar de "sus actuaciones [en Endesa] cuando afecten a los intereses esenciales de seguridad pública". Fernández de la Vega insistió en que el objetivo del Gobierno es preservar la seguridad del suministro. "La normativa europea sólo nos permite intervenir para garantizar lo fundamental", argumentó la vicepresidenta para explicar por qué no se había optado por el derecho de veto propuesto por la CNE.

Fuentes del Ministerio de Industria agregaron que la fórmula escogida busca evitar el conflicto con Bruselas. Y que la legislación vigente da suficientes armas al Gobierno para actuar en caso de que se ponga en riesgo el abastecimiento energético. "Es barra libre para la renacionalizacion de empresas, pero en favor de terceros Estados", opuso el portavoz de Economía del PP, Miguel Arias Cañete.

Los derechos políticos de Enel, como los de Acciona, su socio español en la OPA sobre Endesa, están aún limitados al 10% por los estatutos de la eléctrica. Pero el Gobierno ha dejado claro que no establecerá condiciones para controlar a posteriori las decisiones de Enel en Endesa. Un derecho de veto que sí se arrogó este jueves la CNE en un procedimiento paralelo, cuando ligó a esa condición el permiso a Enel para que asuma la propiedad directa del 24,9% de Endesa, en una resoluión que da pistas de cara a la autorización de la OPA de Enel y Acciona.