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De la Rúa admite el problema de la especulación urbanística

El presidente del TSJ dice que sólo se han impugnado 5 o 6 PAI

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reconoció ayer en la presentación de la memoria anual de los juzgados un atasco en la tramitación de casos en el área civil. Entre los tribunales afectados por ese aumento de causas está la sala de Lo Contencioso-Administrativo, que se ocupa de cuestiones urbanísticas. De la Rúa admitió que el problema urbanístico "está ahí" pero que sólo se han impugnado cinco o seis PAI.

"Si a un agricultor con un campo" que le reporta escasos beneficios "le ofrecen un millón de euros por sus terrenos, ¿quién lo va a recurrir?", se preguntó ayer el presidente del TSJ en la presentación de la memoria de actividad judicial de 2006. De la Rúa no pudo precisar cuántos asuntos en relación con los delitos de ordenación del territorio hay en los tribunales. Sin embargo, sí admitió que existe un problema urbanístico y que la percepción que se tiene podría ser errónea. "Parece que si se impugna el PAI de Porxinos -donde está prevista la construcción de la futura ciudad deportiva del Valencia CF-, están todos impugnados, pero no, en realidad son muy pocos", admitió De la Rúa. Y precisó que son cinco o seis. La mayoría de los PAI, explicó, están impugnados por discrepancias sobre la adjudicación de servicios o la "limitación" de recursos hídricos.

De la Rúa dio esa explicación al referirse a la situación de los juzgados de Lo Contencioso-Administrativo. La pendencia en esta materia aumentó un 91,81% en Alicante, un 54,47% en Castellón, un 75,25% en Elche y un 67,32 en Valencia. Según recordó De la Rúa, estos juzgados funcionaban "magníficamente" antes de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003, que los dotó de mayores competencias y entorpeció el perfecto equilibrio de estas salas, incide la memoria.

Los juzgados de la Comunidad Valenciana tramitaron el pasado año 1.073.114 procedimientos y resolvieron un total de 1.046.619, A pesar de esa elevada cifra de asuntos, que según De la Rúa es muy similar a la del año anterior, la situación de la Justicia en esta autonomía es "bastante buena".

Asuntos pendientes

No obstante, el presidente del TSJ reconoció que los juzgados de Primera Instancia e Instrucción acumularon el pasado año 97.517 asuntos penales y 115.929 civiles pendientes de resolver, retraso provocado, entre otros motivos, por la obligación de compatibilizar estas materias con las causas de violencia doméstica.

Según expuso el presidente del TSJ, la solución sería la creación de once nuevos juzgados exclusivos de circunscripción comarcal que abarcaran varios partidos judiciales. Los juzgados de violencia doméstica de la Comunidad Valenciana -exclusivos y mixtos- registraron el pasado año un total de 17.114 causas y resolvieron 17.080.

Los juzgados valencianos de menores registraron el pasado año un total de 4.668 asuntos. Los de Valencia revela un acusado incremento, del 18,36%, respecto a 2005. Según expone el informe, los juzgados de Alicante registraron en 2006 un total de 1.936 procedimientos (un 0,41% más que en 2005), los de Castellón incoaron 438 (un 4,28% más), mientras que los de Valencia tramitaron 2.294 asuntos (un 18,36% más). El presidente del TSJ lamentó que "el valor de la violencia" esté "impregnando" las relaciones sociales, y abogó por "proyectar la educación en la tolerancia y en el respeto a los derechos de los demás".

En la memoria, De la Rúa advierte de que los registros civiles podrían sufrir un "colapso por el significativo aumento de los expedientes de nacionalidad y de matrimonio solicitados por inmigrantes y la insuficiencia de recursos para su tramitación". Según recoge este informe, la "inmigración masiva ha originado un incremento de la carga de trabajo", especialmente en dos materias: los expedientes de nacionalidad y los de matrimonio, sobre los que dijo que se perseguía el fraude de ley en caso de uniones de conveniencia.

De la Rúa considera en la memoria que es absolutamente necesario acometer reformas legislativas y materiales, "especialmente la informatización de las mismas y la interconexión de las bases de datos".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de abril de 2007