El número dos de Ortiz asume ante el juez la responsabilidad del sobrecoste de los aparcamientos

Santiago Bernálbez, director de división de construcción del Grupo Ortiz, asumió ayer ante el juez "la responsabilidad" de los cambios en el proyecto de tres aparcamientos subterráneos adjudicados por el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, al contratista Enrique Ortiz. El directivo declaró, en calidad de imputado, ante el titular del Juzgado número 8 de Alicante que instruye una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por supuesto trato de favor al considerar que las modificaciones del contrato fueron "ventajosas" para el empresario. El ministerio público ha evaluado en 2.268.060 euros el quebranto económico de la operación para las arcas municipales. Los técnicos del departamento de Urbanismo se opusieron a la modificación, extremo que llevó al alcalde, Luis Díaz Alperi, a trasladar el expediente al área de Tráfico, cuyo jefe de negociado, Antonio Escobedo, sí avaló la operación. Éste, junto al alcalde, otros dos ediles del PP y el promotor, están imputados.

Bernálbez justificó los cambios en las "diferencias" entre el anteproyecto y la propuesta final lo que motivó "un reequilibro presupuestario". El directivo aseguró que "nunca" tuvo conocimiento del rechazo de los técnicos de urbanismo al modificado. Aseguró que durante el trámite mantuvo reuniones "frecuentes" con el jefe de tráfico, pero dijo desconocer un informe final de este funcionario en el que detallaba todas las partidas de los cambios. Este documento, según una de las acusaciones populares, no está incluido en el expediente municipal y fue aportado por el funcionario con la investigación judicial ya en curso.

Bernálbez afirmó que no tiene relación de amistad con el alcalde y que tampoco conoce a los hijos del regidor, pese a que reside en la misma urbanización.

Como consecuencia de estas diligencias, y a petición del fiscal y de las acusaciones populares, el juez amplió la investigación a las viviendas de los tres hijos de Alperi. Estas dos partes sostienen que las casas -tres chalés en una lujosa urbanización en la playa- son propiedad del promotor Ortiz. Mientras, el regidor mantiene que viven en alquiler. La primera documentación recabada por el juzgado, entre otros los certificados del pago de los gastos de comunidad, certifica que las casas son propiedad de la promotora. Sólo los recibos de agua están subrogados a los hijos del alcalde, pero no como propietarios sino como arrendatarios.