El Parlamento ya ha aprobado por consenso más leyes que en las dos últimas legislaturas
Los partidos se han puesto de acuerdo en torno a dos de cada tres propuestas de la Xunta
La VII Legislatura del Parlamento de Galicia va camino de pulverizar todos los récords en materia de consenso político. Cuando aún faltan dos meses para que el hemiciclo complete dos años de trabajo, de la Cámara gallega ya han salido 15 leyes con el respaldo de los tres grupos parlamentarios, dos más que las aprobadas durante la quinta y la sexta legislatura, entre 1997 y 2005. La disposición de socialistas y nacionalistas a aprobar numerosas enmiendas del PP ha hecho posible el apoyo de los populares a dos de cada tres propuestas legislativas de la Xunta.
El grado de consenso que revela la lista de leyes tramitadas desde que comenzó la legislatura no tiene precedentes. De las 23 aprobadas desde entonces por el pleno de la Cámara sólo ocho no han contado con el respaldo de los tres grupos y han salido adelante exclusivamente con los votos de socialistas y nacionalistas, los grupos que apoyan al Gobierno. Se trata de las leyes de presupuestos de 2006 y 2007, la ley de Ordenación Farmacéutica, la que regula el Plan Galego de Estatística, la de Incendios, la de coordinación de las policías locales, la de la Academia Galega de Seguridade y la de Traballo en Igualdade das Mulleres.
PP, PSdeG y BNG sí se pusieron de acuerdo para redactar textos comunes en torno a las demás normas. Y aunque cinco de ellas regulan la creación de otros tantos colegios profesionales, la relación de proyectos legislativos aprobados por unanimidad no se reduce a asuntos menores. Las materias reguladas van desde la caza y la conservación y mejora de los ríos gallegos hasta la regulación de los horarios comerciales o la creación del Consello Agrario Galego. Algunas de ellas forman parte del capítulo más significativo de la política del Gobierno, como la de Transparencia y Boas Prácticas da Administración, ya en vigor, o la de Subvenciones, que el pleno respaldará por unanimidad dentro de dos semanas.
La lista de leyes que tienen el apoyo de los tres grupos se completa con la reguladora del derecho Civil, la de arrendamientos rústicos, la de fundaciones de interés gallego y la que creó la escala de agentes facultativos medioambientales de la Xunta. La última que salió por unanimidad del Parlamento es la reguladora del libro.
Los partidos pueden haberse puesto de acuerdo para aprobar leyes en la Cámara, pero mantienen puntos de vista muy distintos a la hora de dar una explicación para tanto consenso. Carlos Aymerich, portavoz del BNG, relativiza mucho el alcance real del consenso. Algunas leyes, explica el representante nacionalista, como es el caso de la de subvenciones, apenas han modificado el contenido de la legislación estatal y eso deja "poco espacio para la discrepancia".
Y alguno de los acuerdos alcanzados "va a durar poco", anticipó en referencia a la ley de Derecho Civil, en la que el desencuentro por culpa de la equiparación de las parejas de hecho con los matrimonios amenaza con romper el consenso precisamente en una de las pocas materias que hasta ahora se habían mantenido fuera de la confrontación partidaria.
Es en las leyes de "calado político" no se está alcanzando el mismo grado de acuerdo, subraya el portavoz del BNG. Se refiere a las iniciativas sobre incendios, de protección del litoral o de creación del Banco de Terras, en torno alas cuales, asegura, el PP no ha demostrado su voluntad de alcanzar acuerdos.
Actitud constructiva
Manuel Ruiz Rivas, portavoz del PP, no duda en atribuir el mérito a la "oposición constructiva" de su grupo y lamenta que, al menos hasta ahora, las proposiciones de ley de su partido no hayan conseguido el apoyo de socialistas y nacionalistas. Al contrario que Aymerich, el representante popular sostiene que el consenso se ha impuesto en leyes de importancia, como es el caso de las de transparencia y subvenciones,
Para el portavoz del PSdeG, Ismael Rego, el consenso es el resultado de la voluntad del presidente de la Xunta de convertir el Parlamento en el centro de la vida política. Socialistas y nacionalistas, sostiene, buscan el encuentro "sin sectarismo" y se han propuesto hacer un "esfuerzo especial" en la legislación que se ocupa de las reglas de juego, como es el caso de las normas sobre subvenciones o de la transparencia.
Unidad sobre la lengua
Un buen ejemplo de consenso político, aunque no se trate de una ley del Parlamento, es el decreto de la Xunta para galleguizar la enseñanza pactado en febrero por PP, PSdeG y BNG.
Esta norma hará posible que a partir del curso que viene todos los centros escolares, incluidos los privados, impartan, como mínimo, la mitad de las clases en gallego. Cada colegio o instituto tendrá libertad para decidir, a través de su consejo escolar, si supera este umbral del 50% y le da así prioridad a la lengua propia de Galicia.
El acuerdo da preferencia legal al gallego en las aulas con la intención de combatir la pérdida de hablantes que revelan todos los estudios sociolingüísticos.
Los profesores de educación infantil enseñarán a leer y escribir a sus alumnos en su lengua materna (para la mayoría, el gallego), pero en las zonas castellanohablantes se garantizará que los niños reciban las clases en los dos idiomas por igual.
El texto fue presentado en su día por la conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón, como "un ejemplo de que la lengua nunca debe enfrentar a los grupos políticos".
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