Trabajo sucio

En apenas dos semanas ha habido ocasión de constatar que en la estrategia del vale todo, el Partido Popular entiende que todo es, efectivamente, todo. Algunos de sus dirigentes municipales y autonómicos han debido de creer que, para asegurar la victoria de su opción, es lícito recurrir a iniciativas tan excepcionales que, en realidad, forman parte de una rancia picaresca electoral, cuando no del fraude y del delito. Pero para que un responsable político tome sin pestañear la decisión de falsificar los documentos que permiten iniciar el trámite del voto por correo, según ha sucedido en Melilla, o para censar a escondidas a los presos de una cárcel, como ha ocurrido en Lugo, tiene al menos que partir de una convicción y, además, disponer de una garantía. La convicción es que la victoria de su partido es más importante que el respeto al proceso electoral. Si lo hace por razones personales -porque, por así decir, su poder o, incluso, su medio de vida están en peligro-, se trataría de un episodio de corrupción. Tan grave como se quiera pero, a fin de cuentas, tan sólo eso, un episodio de corrupción, que los tribunales sancionarán por un lado y las elecciones, por otro.

Pero puede que las razones para llevar a cabo la falsificación no sean sólo personales, sino que el recurso al fraude le parezca la consecuencia inexorable del discurso político que mantiene su partido. Si el país se encuentra en un estado de necesidad permanente, según repite machaconamente la propaganda del Partido Popular, entonces un medio reprobable como alterar la voluntad de los electores resulta calderilla en comparación con un fin épico y grandioso como es salvar a España. Falsificar impresos o manipular censos se convierte, entonces, en una tarea de patriotas valerosos y arrojados, dispuestos a cualquier cosa, a cualquier trabajo sucio, en nombre de los valores o los principios sacrosantos que su partido no cesa de declarar en sumarísimo peligro. Es el problema de llamar a las rebeliones cívicas cuando se vive bajo un sistema democrático, que cada cual las interpreta a su manera, y unos consideran que las llevan a cabo convocando manifestaciones legales aunque más o menos oportunas y otros, en cambio, piensan que hay que llegar hasta el final y rebelarse contra el origen de todos los males, que no es otro que el hecho de que los electores le puedan dar la victoria a quien a su juicio no merece obtenerla.

En cualquier caso, esta inquietante línea de razonamiento quedaría desmentida de raíz si los dirigentes autonómicos y municipales dispuestos a inmolar su honorabilidad en el altar de la patria no contaran, además de con su propia convicción, con la garantía de que no serán censurados por su partido, sino protegidos y amparados. Y, por desgracia, parece que esa garantía la pueden dar por descontada. Ese fue a fin de cuentas el mensaje que Eduardo Zaplana y Ángel Acebes lanzaron a sus correligionarios de Melilla cuando, en lugar de expedientarlos y expulsarlos de la organización, trataron de exculparlos con un recurso que, hasta ahora, sólo habían empleado en España los literatos plagiarios y aficionados a la informática: esconderse detrás de Internet. Como excusa resulta pueril. Como declaración política es otra cosa, puesto que demuestra que los máximos responsables de un partido que se supone democrático consideran apropiado mentir para encubrir una práctica fraudulenta en relación con un proceso electoral. Es decir, que también la cúpula del Partido Popular, y no sólo algunos de sus dirigentes autonómicos y municipales, parece dispuesta a cualquier cosa, a cualquier trabajo sucio, para garantizarse la victoria.

En estas circunstancias, ya sólo falta por saber qué piensa Rajoy como líder de la oposición y teórica alternativa de Gobierno. ¿Considera que estos comportamientos son compatibles con la normalidad y la decencia patrióticas que tanto invoca o, por el contrario, considera que son la normalidad y la decencia patrióticas las que obligan a estos comportamientos? Otros dirigentes de su partido, empezando por Acebes y Zaplana, parecen haberse inclinado por esta segunda opción en nombre de la patria en peligro. En el caso de que él se inclinase por la primera, y además estimase que no es normal ni decente falsificar impresos o alterar censos, entonces debería actuar en consecuencia.