El Consejo de Europa no ve tortura en la alimentación forzosa a De Juana

La decisión de alimentar forzosamente a Iñaki de Juana Chaos durante su huelga de hambre no supuso ningún tipo de tortura o trato degradante, sino que se tomó "después de un estrecho control de su estado de salud", aplicando los procedimientos penitenciarios "con cuidado", empleando correas para atarlo a la cama sólo cuando fue necesario y sin que el preso se resistiera. Son las conclusiones del Comité de Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa tras su visita al recluso en el hospital Doce de Octubre de Madrid el pasado enero.

Una delegación del CPT estuvo en España el 14 y el 15 de enero para visitar a De Juana en el hospital Doce de Octubre, donde se encontraba ingresado desde el 24 de noviembre, y comprobar "las condiciones específicas en las cuales se estaba llevando a cabo la alimentación forzosa" del preso. El actual presidente del comité, Mauro Palma, y el médico suizo Jean-Pierre Restellini, verificaron personalmente sus condiciones de cumplimiento tras recibir "información" de que "se le estaba alimentando por vía nasogástrica sin su consentimiento, siguiendo autorización de las autoridades judiciales competentes" y "sujeto de pies y manos a la cama del hospital".

El informe realizado tras la visita, enviado al Gobierno el pasado 27 de marzo, parte de la premisa de que la alimentación forzosa a un preso en huelga de hambre debe basarse en una "necesidad médica", tiene que llevarse a cabo "bajo condiciones apropiadas" y con control de médicos independientes. El preso, además, tiene que tener la posibilidad de presentar "un recurso legal" ante el juez. Todas esas condiciones se cumplieron en el caso de De Juana desde que el juez central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decidiera el 24 de noviembre de 2006 autorizar su traslado al hospital, así como su alimentación a la fuerza.

Desde el inicio de su primera huelga de hambre, el 7 de agosto, hasta el 24 de noviembre, cuando se le ingresó en el hospital, De Juana perdió 27 kilos, pasando de los 90 que pesaba normalmente a 63. En el momento más grave de su protesta, el 11 de diciembre, llegó a descender a los 57 kilos, según informó el personal sanitario a los miembros del comité.

Ése fue el día en que los médicos decidieron hacer uso por primera vez de la autorización judicial para alimentarlo. "El equipo médico llegó a la conclusión de que la vida del señor De Juana corría grave peligro y se tomó la decisión de proceder a la alimentación forzada por sonda nasogástrica", explica el informe. "Esa decisión fue tomada de forma conjunta por los tres médicos a cargo del tratamiento y se basó en el bajo nivel de potasio en la sangre, la arritmia cardiaca y la pérdida de peso del 30%" que había sufrido. La sonda se le retiró el 7 de enero, cuando los médicos estimaron que había salido del peligro.

La decisión de alimentarlo con la sonda no sólo se basó en criterios médicos, sino que además se dio en "condiciones apropiadas". De Juana se alojó en una habitación individual "bien equipada" dentro de la unidad de detención del hospital. Los policías que lo vigilaban "permanecían en el pasillo", pero "podían ver directamente el interior de la estancia por una ventana de la puerta". Al preso, según el informe, "se le permitía recibir visitas de miembros de su familia durante 40 minutos cada semana y sus abogados tenían acceso ilimitado a él".

El informe confirma también que contra la autorización judicial de nutrirlo por la fuerza, De Juana tuvo la posibilidad de recurrir. "De hecho, el comité entiende que el señor De Juana presentó un recurso, rechazado el 4 de diciembre de 2003", dice el documento.

De Juana no se resistió a la colocación de la sonda por una enfermera. "Durante los cuatro primeros días de alimentación forzada se le ató a la cama, por brazos y piernas durante casi 24 horas al día con bandas anchas de tejido blanco (...) por la necesidad de introducir muy lentamente las sustancias líquidas en el transcurso de casi todo el día", continúan los miembros de la delegación, que aseguran que las correas "fueron puestas por las enfermeras".

Las únicas críticas vertidas por el informe se refieren al control del estado de salud del preso por parte del tribunal. "El comité considera que el control detallado por parte de las autoridades judiciales debería constituir un componente esencial de su actividad autorizadora", dicen los miembros de la delegación. "El tribunal debería asegurarse que la autorización de proceder a la alimentación forzada se ejecute de la forma que sea menos dañina para la integridad física del recluso y de que siga siendo una necesidad médica", concluye.

La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aseguró ayer que De Juana ha ganado 11 kilos desde que se acordó su prisión atenuada en un hospital de San Sebastián.