La CNE pide al Gobierno que se reserve el derecho de veto en Endesa frente a Enel

La Comisión Nacional de la Energía (CNE), recomendó ayer al Gobierno que condicione la autorización a la entrada del grupo italiano Enel en Endesa "a la implantación de un derecho de veto ex post" sobre su estrategia. El informe se aprobó por mayoría y con la oposición de los tres consejeros del PP, partidarios de vetar a Enel. El informe, que no es vinculante para el Ejecutivo, considera "imprescindible" garantizar que Enel, participada en un 31% por el Estado, no prima sus intereses o los del Gobierno italiano por encima de la seguridad de suministro.

La CNE tenía que pronunciarse ayer sobre la posibilidad de que Enel, que controla ya un 25% de Endesa, ejerza derechos políticos en la eléctrica más allá del 3%. Ése es el límite aprobado en 1999 por el Decreto Rato para operaciones de compañías con participación pública en el sector energético. Y lo hizo con una fórmula salomónica: no se pronuncia contra la autorización que debe conceder el Gobierno antes del 4 de mayo, pero advierte de que debe ir con cautela y no expedir un cheque en blanco.

La recomendación principal de la CNE al Gobierno es que condicione la autorización "a la implantación de un derecho de veto ex post sobre decisiones en materias concretas que le permita proteger, en el ejercicio de sus responsabilidades, los intereses públicos españoles". Y con un añadido, que el Consejo de Ministros pueda fijar medidas "adicionales" si se modificara la estructura de control en Endesa.

Se trata, según el comunicado hecho público ayer, de garantizar que "Enel no prima los intereses propios de la sociedad matriz y del Gobierno italiano, en la adopción de decisiones estratégicas que afecten a la actividad de Endesa relacionada con la seguridad pública española". La explicación a la reserva es que el regulador detecta "ciertos riesgos" para las actividades que desarrolla Endesa "mientras persista la capacidad de intervención que el Gobierno italiano tiene sobre el grupo Enel".

Con el informe aprobado ayer, la CNE se coloca en una posición de equilibrio entre la postura adelantada por el Gobierno y la de la oposición del PP. El Ejecutivo, a través del ministro de Economía, Pedro Solbes, ha recordado estos días que el Gobierno del PP ya autorizó operaciones de empresas energéticas públicas en España (EDP en Hidrocantábrico y la propia Enel en Viesgo). Y ha destacado que el decreto de 1999 está recurrido por Bruselas. Por su parte, el PP ha exigido que no se autorice la entrada de Enel en Endesa mientras el Estado italiano se mantenga en su capital.

Además de examinar el expediente de Enel, la CNE acordó pedir a Industria que abra expediente sancionador por 60.000 euros a Iberdrola por aumentar del 12% al 20% su participación en el gasoducto Medgaz sin solicitar autorización.