Garzón y el fiscal aseguran que ninguna 'herriko taberna' ha cambiado de manos

Ninguna de las 55 herriko taberna embargadas en 2002 por la Audiencia Nacional ha cambiado de manos desde que sus anotaciones preventivas de embargo y prohibición de disponer en el Registro de la Propiedad caducaran el 29 de abril de 2006. Así lo aseguró ayer el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y lo confirmó la fiscalía. Garzón explicó que los dueños de estos locales no han podido venderlos debido a que el embargo decretado por él en abril de 2002 y ratificado el viernes ha permanecido vigente. La Sala Especial del Supremo pidió al juez el martes un informe sobre dichos embargos.

En un comunicado, Garzón aseguró que "en ningún momento ha existido el más mínimo riesgo" de que las herriko taberna fueran enajenadas, ya que "el embargo y prohibición de disponer acordados el 29 de abril de 2002 sigue vigente en su integridad". El juez recuerda que un hipotético cambio de manos hubiera tenido que ser autorizado "por el Administrador judicial y por el propio magistrado".

"La disposición de esos bienes (...) no se ha producido, ni ha habido intención alguna de hacerlo por ninguno de sus titulares, como consta acreditado en la causa", prosigue el magistrado, que avisa de que, de haberlo hecho, sus dueños podrían haber incurrido "en los posibles delitos de alzamiento de bienes, quebrantamiento de medidas cautelares reales y colaboración con banda armada". La Fiscalía de la Audiencia Nacional confirmó lo dicho por el juez.

Licencia de estudios

De todos modos, la caducidad de las anotaciones no se podría reprochar a Garzón. Sus cuatro años de vigencia se cumplieron el 29 de abril de 2006, mientras éste se encontraba en EE UU gracias a una licencia de estudios. Ordenar su prórroga por otros cuatro años hubiera correspondido al magistrado Fernando Grande-Marlaska, que ocupó su plaza en comisión de servicios hasta el pasado julio.

La Sala Especial del Supremo (la que juzga a Batasuna) solicitó el martes a Garzón un informe sobre los embargos después de que uno de sus miembros, Joaquín Samper, asegurara que algunos habían caducado. El pasado viernes, Garzón redactó un auto por el que ratificaba el embargo y la prohibición de disponer sobre las 55 tabernas cuya anotación preventiva había caducado. Mediante la misma resolución se ordenó a los registros que procedieran de nuevo a la anotación de las medidas cautelares.

Aun así, el servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió de oficio una información previa para aclarar el incidente y determinar si de lo sucedido pudiera desprenderse la comisión de alguna falta disciplinaria.