Costas de ladrillo

Un informe de dos europarlamentarios, aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, describe con detalle el urbanismo salvaje que se ha adueñado de muchas zonas de España, pero en particular del litoral mediterráneo.

Dicen los autores -el polaco Marcin Libicki y el británico Michael Cashman- que los habitantes de la costa mediterránea están sufriendo el "expolio de la propia comunidad y de su patrimonio cultural, el enladrillado del litoral, la destrucción de la flora y la fauna y el enriquecimiento masivo de una pequeña minoría a expensas de la mayoría". A este desarrollo canceroso del cemento en el borde de España se suma, según el informe, la angustia de las personas que adquirieron allí de buena fe un inmueble y se encuentran ahora con que el mismo Ayuntamiento que autorizó las contrucciones puede declararlas ilegales.

Esta pesadilla de corrupción e incompetencia que denuncia el informe es totalmente verosímil, puesto que todos los días aparecen indicios de corrupción que se llevan a los tribunales. El último de una larga cadena es la imputación de cinco altos cargos del Gobierno de Murcia (Partido Popular) supuestamente implicados en una recalificación fraudulenta para construir 4.000 viviendas en un paraje de especial protección ambiental. Forma parte además de ese infierno inmobiliario la práctica fraudulenta de construir promociones de viviendas sin agua y otros servicios básicos, como la electricidad. Las confederaciones hidrográficas denuncian que unas 300.000 viviendas de nueva construcción no tienen garantizado el suministro de agua, circunstancia que es desde cualquier punto de vista un engaño al comprador.

El informe comunitario avanza que la corrupción inmobiliaria que está destruyendo la costa se origina en "la ambición de alcaldes de poca monta atraídos por los cantos de sirena de promotores inmobiliarios". Es una descripción que encubre además otras causas conocidas, aunque de dificil solución a corto plazo. Una de las más importantes es la financiación insuficiente de los ayuntamientos, obligados a buscar en la revalorización del suelo los ingresos que no pueden o no saben obtener a través de impuestos o gestión razonable de deuda. Lo mismo cabe decir de la financiación de los partidos políticos, excesivamente vulnerables a los cantos de sirena, es decir, comisiones, procedentes de los pelotazos inmobiliarios.

Pero estas razones, y otras como la ausencia de controles efectivos de las decisiones de los ayuntamientos, son conocidas de antiguo, sin que las administraciones públicas sean capaces frenar la corrupción inmobiliaria que ya ha destruido la confianza de los ciudadanos en las autoridades locales y amenaza con enfangar la credibilidad en otras instituciones democráticas. Por si fuera poco, presenta a la sociedad española ante el resto de Europa como consentidora de la recalificación fraudulenta, la construcción salvaje y la destrucción ambiental. Un auténtico patio de Monipodio, recalificado y alicatado hasta el techo.