El Congreso descarta la reforma del voto emigrante antes de las generales

La reforma de la Ley Electoral para que los residentes ausentes puedan votar en urna y con las debidas garantías, y no por el procedimiento preñado de irregularidades que se ha utilizado hasta ahora, no llegará a tiempo para las elecciones generales de 2008. A un año del fin de la legislatura estatal, los grupos parlamentarios ni siquiera tienen en agenda la reforma. La dificultad técnica que plantea ha empujado a los partidos mayoritarios a aplazar la modificación de la ley, lo que alimenta la posibilidad de que tampoco esté lista a tiempo para las gallegas de 2009.

La reforma legislativa tiene especial trascendencia para las elecciones gallegas por el peso relativo de los más de 300.000 emigrantes en el conjunto del censo electoral. Su relevancia puede verse incrementada sustancialmente si para entonces ya ha tenido lugar la prevista reforma del Código Civil que otorgará la nacionalidad (y el voto) a los nietos de los españoles que residen en el extranjero, lo que incrementará las cifras de potenciales votantes del extranjero hasta unos 500.000.

La modificación del procedimiento de voto, susceptible de ser sometido a numerosas prácticas irregulares, ha sido demandada por todos los partidos políticos, especialmente el PSdeG y el BNG, a lo largo de los últimos años. Sin embargo, el regreso de los socialistas al Gobierno central en 2004 y su llegada a la Xunta en 2005 no ha supuesto ningún cambio. Fuentes de los grupos parlamentarios del Congreso precisaron a EL PAÍS que no sólo no está previsto tramitar una reforma en este sentido en lo que queda de legislatura -apenas doce meses-, sino que cada vez está más extendida la sospecha de que los socialistas no quieren realmente llevar a cabo la reforma. La causa de este cambio, que algunos atribuyen exclusivamente a intereses de partido, tiene que ver con las dificultades técnicas que plantea y el coste que supone hacer realidad que los residentes ausentes puedan votar en urna y no exclusivamente por correo.

El pasado 12 de diciembre, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa de la nacionalista Olaia Fernández Davila en la que se instaba al Gobierno a introducir mejoras en el sistema de voto. El acuerdo de la Cámara, que contó con el apoyo de todos los grupos excepto el PP y que fue transaccionado con el grupo socialista, afecta a la modificación de los plazos de envío de documentación del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), la remisión de los votos y de los plazos de recepción para su escrutinio. La diputada del BNG también pedía en su proposición no de ley la incorporación del llamado voto rogado.

Pese a la evidencia de que la reforma no forma parte de las preocupaciones de los partidos en el Congreso, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, pidió la pasada semana a las fuerzas políticas que tomen la iniciativa en el Parlamento de Galicia para trasladar una propuesta a las Cortes. El líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, aceptó la oferta, aunque la vinculó al establecimiento de un código ético para regular las visitas de cargos públicos al extranjero en periodo preelectoral. El BNG, a través de su portavoz, Carlos Aymerich, se sumó a la propuesta y ha invitado a PP y PSdeG a celebrar una primera reunión exploratoria el próximo martes. Sin embargo, la tramitación de una iniciativa legislativa desde Galicia, para su traslado posterior al Congreso, no estaría en condiciones de agilizar la reforma para que, al menos, pudiese ser de aplicación en las gallegas de 2009.

La Xunta cuenta con una propuesta que permitiría que 190.000 residentes ausentes depositen sus papeletas en urnas, en lugar de en las oficinas de correos. La iniciativa pasa por llegar a acuerdos con los diez países donde residen más emigrantes gallegos para dotar de colegios electorales a las zonas donde estén llamados a votar al menos 500 personas. El estudio en el que se basa esta iniciativa, hecho público a comienzos de año, alertaba en sus conclusiones de la complejidad que supone la dotación de urnas y colegios en los diez países con más emigrantes.

El refuerzo del control del voto del CERA tendría como contrapartida la exigencia de un mayor esfuerzo por parte de los electores, que deberían realizar desplazamientos más largos y concentrados en un solo día, aunque no tendrían que coincidir necesariamente con el de la cita electoral en Galicia. La dotación de mesas electorales implicaría además una complicada logística, ya que las embajadas y los consulados resultan insuficientes para facilitar una urna.