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El juez del 'caso Alhendín' imputa a otros dos concejales y a cinco empresarios más

Cuatro de los seis ediles del PP están ya acusados por supuesta corrupción urbanística

El juez instructor del caso Alhendín, Miguel Ángel Gómez Torres, que investiga la supuesta corrupción urbanística en la localidad granadina, ha imputado a los concejales Salvador Nogueras y María José Garrido, ambos del PP, por presunta prevaricación, junto a cinco nuevos empresarios por un delito de cohecho, y a un técnico municipal por un delito contra la ordenación del territorio. Estas nuevas imputaciones se suman a las del ex alcalde y el ex concejal de Urbanismo. Ya están acusados cuatro de los seis miembros del gobierno municipal. En total, hasta ahora figuran en la causa 14 imputados.

Los dos nuevos concejales de Alhendín (5.600 habitantes) imputados en la causa por prevaricación, Salvador Nogueras, asimismo teniente alcalde, y María José Garrido, se suman a una lista que crece a medida que el juez Miguel Ángel Gómez Torres, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe, investiga la red de corrupción municipal relacionada con el urbanismo, e instalada en este pequeño consistorio a las afueras de Granada, gobernado por el PP. Ambos ediles declararán ante el magistrado el próximo 7 de mayo.

De este modo, cuatro de los seis miembros del gobierno municipal están encausados, entre ellos el ex alcalde, José Guerrero, imputado por cohecho y prevaricación, y el ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, imputado por prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, fraude y exacciones ilegales y alteración de precios en concurso público, según adelantó ayer el diario La opinión. En la corporación municipal de 11 concejales, la oposición está compuesta por 4 ediles socialistas y uno independiente.

En esta última fase de la operación policial, el juez ha imputado asimismo al técnico municipal José Manuel Zambrano, al que achaca un presunto delito contra la ordenación del territorio por avalar el informe de valoración de los suelos municipales que el ayuntamiento vendió a la constructora Frai en unos terrenos donde ahora se construyen 1.200 viviendas.

Los promotores que supuestamente abonaron comisiones ilegales a los responsables políticos para que aprobaran licencias urbanísticas irregulares, poseen relaciones familiares muy cercanas entre ellos. Al parecer, todo quedaba en casa, y entre los cinco nuevos empresarios imputados por el juez, figuran Rafael y Mariano Alonso Polo y Alejandro Alonso Ruiz, hermanos e hijo, respectivamente, de Luis Alonso Polo, uno de los propietarios originales de suelo en el polígono de Marchalhendín, una de las nuevas obras que han motivado la supuesta red de comisiones ilegales destapada en la localidad.

El cuarto empresario es Manuel Melguizo, que compareció a principios de abril como testigo, pero que ahora ha pasado a ser encausado. Melguizo fue uno de los dueños del suelo sobre el que ahora se construye el parque empresarial de Alhendín. El último empresario imputado por presunto cohecho esta semana es Fernando Muñoz Nogueras, padre de los empresarios promotores de Marchalhendín, encausados por cohecho en la primera fase de la instrucción de la operación policial.

Estos cinco empresarios imputados completan parte de la supuesta red de sobornos tejida en torno a los dos proyectos de gran envergadura en Alhendín, y cuya desarticulación se inició hace cinco semanas con la detención del ex concejal de Urbanismo y la imputación del ex alcalde. Ambos dimitieron de sus cargos tras trascender las sospechas policiales sobre su gestión, así como las conversaciones telefónicas intervenidas por los investigadores.

Fernández, quedó en libertad bajo fianza de 18.000 euros tras declarar acusado de cinco cargos. El ex alcalde asumió entonces las competencias urbanísticas y de Hacienda, pero poco después presentó su renuncia "para no manchar" la imagen del Partido Popular. En su comparecencia ante el juez, Guerrero defendió la legalidad de su gestión urbanística pese a los escándalos que han trascendido, y negó que su voz figurara en una de las conversaciones intervenidas, que mencionaba un débito de 400.000 euros.

Las escuchas telefónicas intervenidas por los agentes han revelado cobros en dinero B, y entre las irregularidades figuran la venta de suelo municipal por debajo de su valor real. Así, el ayuntamiento vendió a la promotora Frai los terrenos por 1,2 millones de euros, a pesar de que los técnicos municipales los valoraron en 3,5. Tras esta nueva fase de la instrucción, ya son 14 las personas imputadas entre políticos, técnicos municipales y empresarios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 14 de abril de 2007