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Los enfermos graves podrán pedir una segunda opinión médica

El Gobierno regional envía la norma a estudio al Consejo de Estado

Soledad Alcaide

Una segunda opinión médica en el caso de enfermedad grave. Este derecho, enunciado en la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), lo desarrolla ahora un decreto que aprobó ayer el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre y que en el mismo día envió al Consejo de Estado. Antes de que entre en vigor, el consejo deberá emitir un informe sobre la norma, aunque no tiene un plazo tope para presentarlo.

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¿Una decisión electoralista?

Todos los pacientes del Sistema Madrileño de Salud que padezcan una enfermedad grave podrán pedir una segunda opinión médica sobre su situación, anunció ayer el vicepresidente regional, Ignacio González, que recordó que éste era un compromiso electoral del PP en los comicios de 2003.

El decreto establece una definición para la enfermedad grave que, según precisó González, ha sido consensuada con organizaciones médicas. Según el texto, el requisito imprescindible para ser beneficiario de la segunda opinión médica es que "el proceso patológico que padezca el paciente suponga una enfermedad grave, entendiendo por tal aquella que suponga un riesgo vital para la salud de las personas o conlleve una invalidez crónica, severa y le incapacite para su vida cotidiana y profesional, así como las enfermedades raras que reúnan dichas características".

El vicepresidente regional explicó que para solicitar la doble opinión el paciente presentará una solicitud por escrito en el centro sanitario donde reciba asistencia. Si el hospital la admite, la enviará al Servicio Madrileño de Salud en un plazo máximo de dos días hábiles, que también decidirá sobre si procede darle curso. En el caso de que lo haga, tiene cinco días hábiles para contestar. Y, entonces, "la atención médica debe realizarse en un plazo máximo de 15 días", puntualizó González.

Si el servicio sanitario supera el tiempo máximo de siete días para dar una respuesta sobre la solicitud, el paciente podrá elegir cualquiera de los centros sanitarios que dispongan de los medios para el diagnóstico. El servicio madrileño asignará el centro en el plazo máximo de 48 horas.

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El diputado socialista Lucas Fernández, portavoz en los asuntos sanitarios, recriminó ayer al Gobierno de Esperanza Aguirre que esta medida tiene "tintes electoralistas". Recordó que hace seis años que está aprobada la Ley de Ordenación Sanitaria -entró en vigor durante la anterior presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón (PP)- y criticó que el actual Ejecutivo regional "haya tardado seis años en desarrollarla y lo haga cuando queda cerca de un mes para las elecciones autonómicas".

Puesto que el Consejo de Estado no está obligado a elaborar su informe preceptivo sobre el decreto en un plazo máximo, el Gobierno regional no puede garantizar que esta norma vaya a entrar en vigor antes de los comicios del 27 de mayo.

El socialista también explicó que en el programa socialista irá una propuesta de desarrollo del derecho a una segunda opinión médica, como ya recogía su anterior programa electoral, pero de manera más amplia que lo que ha regulado el Ejecutivo de Aguirre.

"La doble opinión la entendemos como el derecho a acudir a otro médico ante un diagnóstico controvertido", añadió Fernández. Por eso, los socialistas creen que debe extenderse a todos los casos, graves o menos graves. "Pero en los supuestos en los que haya dudas sobre el diagnóstico", precisó el diputado socialista.

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Manuel Lamela, consejero de Sanidad.
Manuel Lamela, consejero de Sanidad.

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Sobre la firma

Soledad Alcaide
Defensora del Lector. Antes fue jefa de sección de Reportajes y Madrid (2021-2022), de Redes Sociales y Newsletters (2018-2021) y subdirectora de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS (2014-2018). Es licenciada en Derecho por la UAM y tiene un máster de Periodismo UAM-EL PAÍS y otro de Transformación Digital de ISDI Digital Talent. 

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