La patronal recurre ante el Tribunal Superior el plan eólico de la Xunta
Las firmas abren la batalla legal contra la cesión de molinos a la Consellería de Industria
La Asociación Eólica de Galicia (EGA) presentó ayer un recurso contencioso administrativo contra la Xunta por las autorizaciones para nuevos parques eólicos aprobados en enero (unos 500 nuevos molinos). Es la apertura de una batalla legal que no ha hecho más que empezar. La patronal eólica se opone a que la Xunta obligue a las empresas a ceder al menos un 10% de los nuevos parques eólicos, así como a que nuevos operadores se queden con concesiones de explotación de la energía del viento que ya habían sido otorgadas a las empresas de la EGA.
La asociación se opone a la revisión de concesiones que habían sido otorgadas
Lo que se están jugando en los tribunales son 2.500 nuevos megavatios eólicos (unos 2.000 aerogeneradores) con un valor de mercado superior a los 2.500 millones de euros (416.000 millones de pesetas). No es ninguna broma.
La patronal eólica gallega ha abierto la batalla legal enviando al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un recurso contra la concesión de los primeros 511 megavatios, en los que la Xunta ya ha obtenido la cesión de 25 megavatios, es decir, un 10% de los 10 nuevos parques eólicos autorizados en enero. El contencioso va dirigido contra la Consellería de Industria, a la que las empresas eólicas acusan de no haber querido resolver el problema de forma dialogada. De hecho, el tomador de las cesiones públicas de potencia eólica es el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), dependiente del conselleiro de Industria.
La denuncia de la EGA tiene un argumentario de 12 puntos, con los que trata de demostrar la ilegalidad de las concesiones.
El resumen de la argumentación legal presentada ante el Tribunal Superior de Galicia es el siguiente: la Consellería de Industria no ha respondido al recurso de reposición presentado por la EGA en febrero; la participación pública y gratuita en los nuevos parques no estaba incluida en la legislación eólica gallega vigente (de 2001); Industria sacó a concurso 750 megavatios y sólo adjudicó 511, sin justificación alguna; los criterios de adjudicación vulneran una normativa de rango superior (la de 2001); no se dio audiencia a las empresas afectadas antes de rechazar sus solicitudes; Industria dio por caducados planes eólicos sin procedimiento contradictorio; la citada Consellería rechazó solicitudes eólicas por motivos medioambientales que no son de su competencia; y ningún representante de la Consellería de Economía ha aprobado la participación pública en los 10 nuevos parques eólicos.
La Consellería de Industria, dirigida por Fernando Blanco (BNG), sostiene que el negocio eólico está basado en un recurso natural gallego y que su pretensión es que todos los gallegos se beneficien de su explotación, a través de la participación pública en los nuevos parques eólicos. De hecho, Blanco ya presentó hace un mes las líneas maestras de la nueva ley eólica de Galicia, a través de un borrador de decreto que será la guía para adjudicar 2.500 nuevos megavatios hasta el año 2012. El conselleiro no quiso ayer valorar la denuncia presentada por la patronal eólica, aunque sí sabe que las empresas ya disponen de potentes informes jurídicos para llevar la nueva legislación a los tribunales tan pronto como se apruebe.
Las compañías eléctricas integradas en la EGA han contratado a los mejores abogados de Uría y Menéndez, Cuatrecasas y Garrigues para iniciar la verdadera batalla legal contra la obligatoriedad de ceder al Inega un mínimo del 10% de esos 2.500 megavatios.
El segundo eje de la denuncia son los derechos adquiridos. Las principales eólicas que operan en Galicia (Fenosa, Endesa, Acciona, ACS, Eurovento,EDP, Norvento) a excepción de Iberdrola que no está asociada a la patronal, disponen de concesiones otorgadas por la Xunta de Fraga para aumentar hasta el doble su actual potencia instalada (2.500 megavatios). "Estamos viendo como esa potencia se la dan a otros operadores nuevos", señaló ayer el portavoz de una de las principales empresas afectadas.
Por los informes jurídicos de que dispone, la patronal eólica gallega está segura de poder ganar el combate legal contra la Consellería de Industria. Sin embargo, el sector prefiere llegar a una solución negociada para evitar que se prolongue el frenazo al desarrollo de la industria eólica en Galicia.
Negocio sucio en una energía limpia
La Xunta del PP puso en marcha el negocio eólico en Galicia y lo aupó al liderazgo español. Entre 1995 y 2005 autorizó 4.557 megavatios (unos 6.000 molinos), de los que realmente sólo se han instalado 2.500 megavatios. Entre los adjudicatarios hay especuladores que se han forrado revendiendo las concesiones (más de 1.200 millones de euros en reventas de parques eólicos en Galicia), periodistas, fisioterapeutas, familiares de ex conselleiros y de directores generales, empresarios amigos, familiares de alcaldes, petroleras, constructoras y eléctricas.
Cuando el nuevo Gobierno de PSOE y BNG entró en la Xunta, paralizó un centenar de parques eólicos concedidos a ayuntamientos y envió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Galicia documentación por supuesta corrupción. A continuación, el equipo de Fernando Blanco (BNG) se puso a elaborar un nuevo decreto eólico para cambiar las cosas.
Si la gestión de Fraga colocó a Galicia como la sexta potencia mundial en producción de electricidad eólica, la generación de riqueza en Galicia fue muy deficiente. A excepción de una planta de producción de aspas en As Somozas (Gamesa) y de un taller de montaje de aerogeneradores en Ferrol (Bonus-Eurovento), la energía eólica sólo ha sido un buen negocio para quienes han obtenido megavatios.
Los parques eólicos que funcionan en Galicia facturan unos 600 millones de euros anuales, pero su horizonte es alcanzar los 3.000 millones cuando se desplieguen 4.000 megavatios más. A ese nuevo pastel están llegando nuevos jugadores, aunque con propuestas muy similares a las realizadas hace dos años por operadores veteranos como Endesa, Elecnor o Eurovento: montar industrias de componentes en Galicia a cambio de concesiones para molinos.
La batalla legal por los megavatios será muy dura entre la nueva Xunta, con sus nuevos amigos, y las 18 compañías eólicas ya instaladas en Galicia.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
