Feijóo pide al alcalde de Salceda que informe de sus obras al fiscal

El PP remitirá a la Fiscalía las licencias de obra de Salceda de Caselas de las que podrían derivarse responsabilidades para el alcalde de la localidad, tal y como ya hiciera el partido con los expedientes de Arteixo, según desveló ayer el responsable de la formación en Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En la misma reunión, el presidente provincial, Rafael Louzán, no quiso hablar sobre la contratación de familiares suyos en la Diputación.

En el transcurso de una reunión celebrada en Soutomaior con los candidatos de Pontevedra a los próximos comicios municipales, Núñez Feijóo evitó hacer referencia directa a las declaraciones de José Manuel Fernández, regidor de Salceda de Caselas, cuando éste admitió que "quizás no sea ético" compatibilizar su cargo como gestor del municipio con el de promotor local. Fernández Rodríguez se enfrenta a una denuncia por obras ilegales en un edificio de 32 viviendas que promueve la inmobiliaria Viviendas Caselas SL, de la que es socio.

Lo que sí hizo Feijóo fue insistir en que "hay que actuar conforme a la ley y al que no lo haga hay que desterrarlo de la vida política". En esa línea señaló la actuación del PP cuando expulsó de la formación a un concejal de Gondomar imputado por un presunto caso de cohecho en un tema urbanístico.

El líder de la oposición invitó al PSdeG a seguir su ejemplo instándole a que envíe a la Fiscalía las licencias de las 300 viviendas de Viveiro otorgadas por el alcalde socialista Melchor Roel "en contra de los informes que estaban en el expediente". También se muestra partidario de que expulsen del PSOE al regidor de Foz que, según palabras de Alberto Núñez, "es el alcalde del urbanismo exprés de Galicia, allí se da una licencia de vivienda cada décima de segundo", dijo. "Es evidente que hay distintas varas de medir, que la Consellería de Política Territorial no está actuando institucionalmente", afirmó, y acusó a la conselleira María José Caride y al presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, de utilizar "como arma arrojadiza contra los partidos" este departamento. "No están actuando como Gobierno sino como partido", concluyó.

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, apenas quiso responder ayer en Soutomaior a la información publicada por EL PAÍS donde se daba cuenta de la contratación en un número importante de parientes y amigos del ribadumiense por parte del ente provincial. Únicamente se limitó a decir que "estamos en campaña electoral y es un momento caliente para estas cuestiones".

Por su parte, los dos sindicatos presentes en la Diputación de Pontevedra, CC OO y CIG, se han apresurado a desmentir a Núñez Feijóo tras afirmar éste que las contrataciones de personal contaban con el respaldo sindical. Desde CC OO, que con 18 delegados ostenta la mayoría absoluta, aseguran que dejaron de participar en las mesas de contratación en 2003 porque "nos parecía rara la entrada de tanta gente de O Salnés y exigimos que se pactasen unas bases con los sindicatos y la oposición". La CIG estudia llevar el asunto a los tribunales y acusa a CC OO de consentir este tipo de procesos. Sin embargo, Feijóo volvió a reafirmarse ayer en sus palabras con el asentimiento de Louzán, que apuntó que las mesas de contratación cuentan con presencia sindical y de la oposición. El líder del PP gallego manifestó que "si alguien cree que alguna contratación no es limpia le corresponde el derecho y el deber de denunciarlo".