Un juzgado verá la querella contra el alcalde de Aspe por prevaricación

Un juzgado de Novelda ha admitido a trámite una querella presentada por un grupo de vecinos de Aspe en la que acusan al alcalde, Roberto Iglesias (PSPV), de supuesta prevaricación administrativa, amenazas y coacciones para construir en sus terreros un polígono industrial. En el auto judicial, dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 el 3 de abril, se admite a trámite la denuncia de los vecinos y se cita al alcalde para que comparezca en el juzgado el 21 de septiembre. La querella fue interpuesta por seis vecinos de Aspe el pasado 15 de enero. En ella acusan al alcalde de presionarles indirectamente para que vendieran sus propiedades, de ocultarles información sobre el proceso de venta y expropiación y de amenazar a una de las afectadas con demoler su vivienda si no vendía el terreno.

Según el escrito, en marzo de 2005 el Ayuntamiento de Aspe suscribió un convenio de colaboración con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para construir un polígono industrial en el paraje de La Aljau. El Ayuntamiento "se comprometió a realizar gestiones amistosas con los afectados", alrededor de un centenar, para facilitar la venta voluntaria de sus terrenos a Sepes y, de no ser posible, el Consistorio "expropiaría a esas familias". El precio de la venta se fijó en unos 18 euros por metro cuadrado, si bien un estudio realizado por un ingeniero de Obras Públicas fijó en 41,88 el metro cuadrado de parcela rústica y en 230 euros el metro cuadrado industrial, lo que demostraría, según los denunciantes, que tras el convenio se esconde una supuesta "especulación inmobiliaria".

Los vecinos aseguran haber sido presionados para aceptar la oferta de 18 euros frente a la expropiación, a pesar de que no hay plan urbanístico aprobado. Además, acusan al alcalde de prevaricación al incoar tres expediente de demolición de la vivienda de una de las afectadas, a pesar de que los tribunales anularon el derribo.

El alcalde de Aspe negó ayer tener conocimiento del auto judicial y aseguró que todas las acusaciones son "rigurosamente falsas" y no tienen "base ni fundamento alguno".