El Parlamento acuerda iniciar el desarrollo del nuevo Estatuto con la política social

El Parlamento de Andalucía marcó ayer las prioridades de desarrollo del nuevo Estatuto andaluz al aprobar una batería de propuestas de marcado carácter social, cuyo desarrollo compete al Gobierno autonómico. Pero también fijó objetivos a medio plazo de ampliación de competencias de la comunidad, y de participación en los asuntos del Estado, un paquete dirigido al Ejecutivo central. La principal papeleta que tendrá que resolver el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es el de la deuda histórica. El presidente Manuel Chaves abordará esta cuestión la próxima semana con los líderes de la oposición, que exigen participar en la cuantificación de la cifra final antes de su negociación.

El debate general sobre el desarrollo del nuevo Estatuto, propuesto por el grupo socialista, no deparó los consensos esperados para la oposición, que mostró a lo largo del debate su total desconfianza sobre la voluntad real del Gobierno de Manuel Chaves para desarrollar el texto estatutario.

Socialistas, IU y Partido Andalucista, el único que defendió el no en el referéndum, votaron juntos una tanda de resoluciones en las que se prioriza el desarrollo legislativo del contenido social del Estatuto. Todos ellos subrayaron en sus propuestas las leyes de Educación, la de inclusión social en la que se regulará la renta básica, la ley contra la Violencia de género, la ley de Educación o el desarrollo de la ley de la Dependencia. Estas normas deben estar presentadas antes de final de la legislatura en marzo de 2008.

Pero el PSOE no aceptó ninguna iniciativa de la oposición que le marcaba plazos concretos muy ceñidos o que no entraban en sus planteamientos, como la prometida ley de Policía Autonómica. "Ustedes quieren al Parlamento como un poyete de su propuestas" se quejó el popular Jorge Ramos Aznar. De las 112 iniciativas presentadas, 91 correspondían a la oposición y tan sólo se aprobaron 17 (10 de IU, cinco de los andalucistas y dos del PP).

Las propuestas del PP no eran ajenas a este debate social, pero su punto de mira enfocaba en otra dirección: la de desarrollar todos los aspectos que permiten una mayor participación de los ayuntamientos en los asuntos de la comunidad, o la recurrente petición sobre una ley andaluza sobre las víctimas del terrorismo.

Decisiones estatales

Junto a estas resoluciones, el Parlamento aprobó otro paquete de iniciativas en las que se reclaman competencias al Estado y una mayor participación de la comunidad en las decisiones estatales. El pago de la deuda histórica y la transferencia del Guadalquivir son, a juicio de todos los grupos, los asuntos más urgentes que hay que resolver. Pero en lo que no se pusieron de acuerdo es el calendario de resolución de ambos asuntos.

Estos fueron, de manera resumida, los acuerdos que votaron juntos, en un debate que en ocasiones fue áspero. La oposición mostró su total descreimiento hacia el Gobierno andaluz y de su capacidad para desarrollar un Estatuto de máximos. "El Gobierno no está a la altura del nuevo Estatuto", "es un tapón" para Andalucía, "ha fracasado" en estos 25 años afirmó la portavoz del PP, Esperanza Oña. La popular reprochó al Ejecutivo que pidiera consenso, pero al mismo tiempo se negara a que el Parlamento participe en la cuantificación de la deuda histórica.

También mostró su "hartazgo" por la creación de comisiones y grupos de trabajo para desarrollar el Estatuto, órganos, que como recordó el socialista Manuel Gracia, son preceptivos y obligatorias para proceder luego a los traspasos de competencias.

La portavoz de IU, Concha Caballero, consideró necesario y útil del debate general sobre el Estatuto y pese a coincidir con el PSOE, con el que ha trabajado codo con codo en la reforma, en que hay que empezar por desplegar los nuevos derechos sociales, denunció la "privatización" que, a su juicio, hacen los socialistas del texto. Como el resto de los grupos, Caballero exigió la participación de la Cámara a la hora de decidir sobre la cuantificación de la deuda histórica. Este grupo pidió un anticipo a cuenta de la deuda antes de finalizar el año 2007, algo que no se descarta desde los Gobiernos central y autonómico, pero no vio prosperar su petición de que se pagara el 50% de la valoración completa de esta disposición antes de fin de año.

La andalucista Pilar González no desaprovechó la oportunidad para aludir al "fracaso" del referéndum (la participación fue tan sólo del 35,8%).