La Xunta creará un organismo para asumir la gestión de todas las depuradoras

Los municipios de Pontecesures, Outes y Coirós tienen unas depuradoras que nunca han funcionado por la falta de medios de sus ayuntamientos para explotarlas. La Ley de Aguas que la Xunta quiere aprobar este mismo año pondrá en manos de la Consellería de Medio Ambiente la gestión de todas las plantas de Galicia para evitar estas situaciones. El texto establecerá una tarifa única para que todos los gallegos abonen lo mismo por el agua y reformará el canon de saneamiento. Las hidroeléctricas, que ahora estaban exentas, empezarán a pagar esta tasa.

Los ríos y el mar de Galicia reciben las aguas residuales que generan sus habitantes a medio filtrar. Pasados 16 años de su aprobación, son todavía un tercio de los núcleos de población gallegos los que incumplen la normativa europea que obliga a cuidar la calidad con la que se realizan estos vertidos. Según un estudio elaborado por Augas de Galicia, de las 107 depuradoras con las que cuenta la comunidad, 34 tienen deficiencias que les impiden cumplir el mandato de Bruselas. Las que sufren problemas dependen todas de los ayuntamientos y son explotadas directamente por las corporaciones o a través de concesionarias. Por contra, las 11 que gestiona la Administración autónoma presentan un funcionamiento "correcto".

La Consellería de Medio Ambiente considera que este modelo "ya no vale" y que impide alcanzar los niveles de calidad de aguas superficiales que exige la UE para 2015. El departamento de Manuel Vázquez prepara una nueva ley que regule la depuración de las aguas y garantice el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea. La Ley de Aguas de Galicia, que sustituirá al texto aprobado por el PP en 2003, podrá en manos de la Xunta la gestión de todas las depuradoras de aguas residuales del país, a través de un órgano de nueva creación denominado a Axencia Galega da Auga.

La nueva norma se propone también unificar las tarifas que pagan los gallegos por el agua que llega a sus casas. La heterogeneidad de precios que abonan los ciudadanos se explica en parte por los distintos gravámenes que se aplican en la factura, dependiendo de la administración que gestione la depuración de las aguas.

Para financiar la depuración, en Galicia hay ayuntamientos que cobran en la factura del agua el canon de saneamiento -aplicado por la Xunta-, la tasa de depuración y la tasa del alcantarillado. Los municipios de menos de 2.000 no cobran el canon de saneamiento, mientras que los vecinos de las 11 localidades en las que es el Gobierno gallego quien gestiona sus estaciones no pagan la tasa de depuración.

Medio Ambiente quiere acabar con esta "anarquía" en los gravámenes. Su intención es que la nueva Ley de Aguas mantenga la tasa de alcantarillado y unifique el canon de saneamiento y la tasa de depuración en un sólo cargo que se extendería a todos los ayuntamientos, incluidos los de menos de 2.000 habitantes. Fuentes del departamento de Manuel Vázquez sostienen que se realizarán cálculos para evitar que estos cambios repercutan de manera importante en el recibo que pagan los gallegos por el agua.

El nuevo impuesto o tasa por saneamiento que imponga la Xunta se cobrará también a las grandes hidroeléctricas que ahora están exentas de pagarlo. Empresas de sectores que la Administración autonómica considere "estratégicos" serán eximidas de este gravamen, aunque la consellería asegura que aún no ha decidido cuáles se beneficiarán de esta exención.

Las piscifactorías de río ya han manifestado su malestar con la cuantía del canon de saneamiento que abonan actualmente. Las plantas de cría de truchas, que facturan en Galicia unos 57 millones de euros anuales, aseguran que sufren una carga impositiva mayor que el consumo de agua que realizan. Para apoyar sus argumentos esgrimen un estudio elaborado en enero bajo la dirección de Fernando González Laxe y Javier Prado. Este informe concluye que el canon que se les impone a estas instalaciones no es proporcional a la contaminación que generan, por lo que, si no se reforma, puede poner en peligro la supervivencia de las empresas.