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Editorial:

Consejo abierto

Liberar al Consejo General del Poder Judicial del condominio de socialistas y populares y abrirlo a otros grupos parlamentarios y a sectores del asociacionismo judicial hasta ahora marginados es la propuesta del PSOE al PP para desatascar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, empantanada desde hace cinco meses. Habrá que ver si la fórmula tiene suficiente poder persuasivo para que el PP no pueda rechazarla, como vaticinó el ministro de Justicia.

La primera reacción de los populares ha sido recelosa, aunque no han cerrado la puerta a "encontrar un punto de acuerdo si se respetan las sensibilidades de la carrera judicial". En todo caso, el PP tiene ahora más difícil seguir oponiéndose a la renovación del actual Consejo. La fórmula de los socialistas es que deje de ser una reproducción a escala reducida del Congreso y del Senado. Más concretamente, del PSOE y del PP, capaces por sí mismos de conformar la mayoría cualificada de tres quintos necesaria para la elección de los 20 vocales. Ambas fuerzas deberían relativizar el criterio aritmético en la distribución de miembros afines, reconociendo capacidad de propuesta a otros grupos parlamentarios y dando baza a sectores de la judicatura dejados al margen en la elaboración de las ternas -36 precandidatos-, que corresponden designar a jueces asociados y no asociados para cubrir las 12 vocalías de extracción judicial.

Ello significa en la práctica que el PSOE renuncie a tener mayoría de vocales afines en el nuevo Consejo; que el PP no quiera tener más de los que le corresponden, con la pretensión de disponer de una minoría de bloqueo que pondría el Consejo en su manos, y que ambos partidos -y ése sería el aspecto más novedoso- no utilicen su capacidad de repartirse la institución para impedir que sea lo más plural posible, política y judicialmente. La propuesta queda lejos todavía de lo deseable, pues sólo es coherente con las previsiones constitucionales una lectura de la mayoría cualificada de tres quintos que promueva a vocales que, por su cualificación profesional, al margen de eventuales afinidades políticas, susciten ese apoyo casi unánime.Pero es una propuesta realista para salir del pantano.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de abril de 2007