Ingresan en prisión el guardia civil, el cabo y el funcionario acusados de narcotráfico

El guardia civil, el cabo de la Armada y el funcionario de la Diputación de Pontevedra detenidos el lunes por su implicación en una red de distribución de cocaína, ingresaron ayer en la prisión pontevedresa de A Lama después de pasar a disposición judicial. La jueza de Vilagarcía les imputa un presunto delito contra la salud pública y han sido apartados de sus empleos. Los agentes de la Udyco y del Greco estaban tras la pista de los arrestados desde finales del año pasado. La información obtenida está siendo investigada y podría dar pie a más detenciones en los próximos días.

El pasado lunes J. F. V., un guardia civil de 33 años destinado en Galdacano (Vizcaya), llegó a Galicia para comprar una partida de cocaína que luego se vendería cortada en dosis en distintos puntos del País Vasco. Para ello, se puso en contacto con el cabo de la Armada destinado en Ferrol, Javier González, de 32 años, vecino de San Miguel de Deiro, Vilanova de Arousa.

A su vez, el militar contactó con el funcionario de la Diputación de Pontevedra, Daniel Meaño Cores, de 29 años, vecino de Ribadumia, que le entregó la droga a cambio del dinero en efectivo: cinco kilogramos de cocaína multiplicados por 33.000 euros, que es el precio medio por kilo que alcanza esta sustancia en la zona.

Cuando el guardia civil y el cabo de la Armada iban a encontrarse en una cafetería para cerrar la operación, fueron interceptados por la Policía mientras circulaban en sus respectivos coches en la carretera que une Pontevedra y Vilagarcía, a la altura de Alba, término municipal de Barro.

Agentes de la Udyco (Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado) y Greco (Grupo de Represión contra el Crimen Organizado) estaban tras la pista de los detenidos desde finales del pasado año. Daniel Meaño, presuntamente dirigía su propia red de distribución y contactaba con clientes de distintos puntos del territorio nacional para colocar los envíos.

Meaño Cores disponía de todas las herramientas para operar en el narcotráfico. De hecho, en el registro practicado por la Policía en su domicilio en Barrantes, Ribadumia, fueron intervenidos unos 175.000 euros, que presumiblemente procedían de la partida de cocaína que acababa de entregar. También se hallaron 18 teléfonos móviles, una máquina para contar dinero, agendas con contactos y otros datos que podrían poner a la Policía tras la pista de las redes que operan en la zona de Arousa como importadores de droga. También se incautaron los cuatro vehículos que utilizaban los detenidos.

Los flecos de la operación que ahora se investigan con la información obtenida a través de los teléfonos intervenidos, nombres y anotaciones sobre contactos de los distribuidores podrían dar resultados en los próximos días, según confirmaron fuentes de la investigación.

El silencio de Louzán

Daniel Meaño y Javier González prestaron declaración ayer ante la titular del Juzgado número 2 de Vilagarcía, que decretó su ingreso en la prisión de Pontevedra. A la entrada y salida de la comisaría se taparon el rostro para evitar los flashes de los fotógrafos

El guardia civil, que también ingresó en la prisión de A Lama, pasó a disposición del Juzgado número 3 de Pontevedra que trasladó las diligencias al de Vilagarcía, desde donde se han dirigido las investigaciones. Los tres imputados en un presunto delito contra la salud pública fueron suspendidos ayer de sus empleos, si bien el expediente disciplinario incoado al guardia civil y al cabo de la Armada quedarán paralizados hasta que no haya un fallo que confirme su implicación.

El presidente de la Diputación Provincial, Rafael Louzán, contestó ayer a las preguntas de los medios de comunicación con el anuncio de la suspensión de empleo y sueldo del funcionario, Daniel Meaño.

Meaño es primo de la mujer de Louzán y entró en la Diputación después de acceder él a la presidencia. Pese a esta estrecha relación Louzán se limitó ayer a elogiar la labor de la Policía. Este funcionario, al que no se le conocen estudios, obtuvo la plaza por oposición en mayo de 2005 como operario de servicios varios y ha trabajado de peón y fontanero en organismos provinciales, como el complejo Principe Felipe.