Urbanismo revisa 800 órdenes de derribo en la costa acumuladas desde 1993

Política Territorial tiene un grave problema encima de la mesa. En concreto, dentro del armario, donde se acumulan 800 expedientes de reposición de la legalidad por construcciones en la franja de protección marítimo-costera. Se trata de recursos presentados por particulares contra órdenes de derribo, que la Xunta dejó sistemáticamente de contestar desde que asumió en 1993 las competencias de costas. El silencio administrativo tiene en estos casos un doloroso significado para los ciudadanos ya que, al no contestar, la Xunta ha convertido en firmes las demoliciones.

La Consellería de Política Territorial ha puesto en marcha un plan de choque para resolver, uno por uno, los 800 expedientes que están pendientes de resolución por invasión de la zona de protección marítimo-terrestre en Galicia. La dejación de la Xunta durante casi diez años amenaza con provocar un grave perjuicio a un número de afectados superior a los 800, ya que, frente a expedientes menores por pequeños muros o barbacoas, otros afectan a urbanizaciones o parroquias enteras.

El conflicto es consecuencia de la asunción por la Xunta de las competencias en materia de costas tras una sentencia del Tribunal Constitucional, que en 1991 las atribuyó a las comunidades autónomas frente a la prevalencia que quería mantener el Gobierno central.

El ex presidente de la Xunta Manuel Fraga delegó su gestión a la Consellería de Política Territorial, entonces dirigida por José Cuiña, pero no fue hasta 1993 cuando se hizo efectiva la transferencia. Cuiña no contestó ninguno de los recursos presentados por expedientes de reposición de la legalidad y se limitó a resolver los recursos presentados contra las órdenes de paralización de obras.

Distintas consellerías

La camioneta con los recursos de los particulares acompañó durante todos estos años el periplo de las competencias de costas por distintas consellerías. En 1998 pasaron de Política Territorial a Medio Ambiente. Cuatro años más tarde se transfirieron a la Consellería de Pesca, para retornar a la de Política Territorial en septiembre de 2005, ya con el Gobierno bipartito al frente de la Xunta.

La actitud de los distintos conselleiros que han gestionado la protección de costas no fue siempre la de José Cuiña. En la etapa de Medio Ambiente, durante el mandato de Carlos del Álamo, se tomó la decisión de contestar sólo los recursos que iban llegando a la consellería, aunque se dejaron sin resolver los expedientes atrasados. La lentitud de la tramitación provocó que el número de casos acumulados siguiera en aumento.

La Consellería de Pesca de Enrique López Veiga asumió un criterio distinto, pero también discutible, a juicio de los actuales responsables de Política Territorial. Resolvió todos los recursos contra resoluciones dictadas por órganos de su propio departamento y, respecto a las anteriores, puso en marcha un programa para aliviar el colapso por orden cronológico, pero empezando por los de 2001 y siguiendo por los de años precedentes.

Los servicios provinciales resolvieron por separado. Pontevedra y A Coruña llegaron hasta 1998 y Lugo, hasta 1997. Con los expedientes de nuevo en Política Territorial, el departamento que dirige María José Caride ha tomado una decisión distinta.

Tres equipos

Para no provocar un agravio con los recursos más antiguos, el plan de choque diseñado por la Secretaría General de la consellería ha puesto a trabajar a diez funcionarios de los servicios jurídicos en tres equipos.

Así, uno de ellos resuelve los expedientes más antiguos, otro estudia los de 1996 en adelante y un tercero analiza y contesta los que se siguen generando en la actualidad. Según los cálculos de Política Territorial, la consellería se pondrá al día en el plazo de tres años.

Si el problema es grave para la Xunta, para los afectados puede ser desastroso. Dadas las peculiares condiciones que rigen el silencio administrativo en materia de reposición de la legalidad, los expedientes de derribo recurridos se convierten en firmes cuando pasan dos años sin que la consellería los conteste, lo que significa que los 800 expedientes acumulados son todos desfavorables para los interesados.

Además, la Administración autonómica está obligada a razonar todas las alegaciones de los particulares, por lo que deberá tomarse la molestia de contestar en todos los casos.