Diputación cede el edificio y el Consell arregla la facultad católica de Medicina

El Consell justificó hace siete días la entrega de una facultad de Medicina a la Universidad Católica de Valencia con el argumento de que a la Generalitat "no le costaba dinero". Las cosas no parecen exactamente así. Los presupuestos del Gobierno valenciano han destinado 900.000 euros en los dos últimos años a la rehabilitación de San Carlos Borromeo, el edificio histórico del centro de Valencia donde se erigirá la facultad. Pero la universidad dependiente del arzobispado recibió antes una contribución pública más decisiva. El inmueble de San Carlos y los terrenos que servirán para ampliar la facultad eran propiedad, al menos en parte, de la Diputación de Valencia, que los cedió al arzobispado a finales de los años noventa.

La Diputación dijo en los ochenta que el arzobispo se arrogaba algo "que jamás tuvo"

La corporación provincial, gobernada por el PP, aceptó entonces un trato con el arzobispado que los socialistas habían rechazado en los ochenta y que la diputación franquista de los setenta no se molestó en contestar.

Para entender el proceso hay que saltar atrás en el tiempo. Al año 1868, cuando el Hospital Provincial que existía sobre esos terrenos -localizados, aproximadamente, entre la avenida de Guillem de Castro, la calle de Quevedo y la calle del Hospital- pasó a ser propiedad de la Diputación de Valencia. El centro sanitario funcionaba allí. Anejo a él había un antiguo convento y una iglesia. El convento comunicaba con el hospital. No sólo eso: buena parte del convento funcionaba de hecho como una zona del hospital. La corporación provincial lo consideraba suyo y nadie, por aquellos días, parecía ponerlo en cuestión.

Pasaron los años. El hospital dejó de funcionar y fue trasladado a su actual ubicación, en la avenida del Cid. En los años sesenta, el arzobispado de Valencia ya había hecho su primer movimiento: inscribir a su nombre varias fincas del entorno hospitalario. Casi todas recaían en la calle de Quevedo.

La inscripción se realizó mediante una certificación administrativa basada en la "posesión inmemorial". Fuentes del Registro de la Propiedad aseguran que eso no es ninguna novedad. Se trata de una vía de inscripción que no utiliza solamente la Iglesia. El problema surgió cuando se supo que la mayor parte de esos terrenos ya constaban en el registro. A nombre de la Diputación. La inscripción se había realizado en la década de los cuarenta. La anterior había sido destruida, como muchos otros documentos, durante la Guerra Civil.

Pasó el tiempo. En 1974, el arzobispado solicitó por primera vez deslindar las propiedades públicas y eclesiales. Hizo su oferta. La corporación provincial respondió con el silencio. Y el arzobispado tuvo que esperar una nueva ocasión, que llegó en 1986, con una Diputación democrática y gobernada por los socialistas.

La Iglesia repitió su propuesta. El servicio de Patrimonio de la corporación estudió el caso. Elaboró un informe. En él se afirmaba: "Parece indubitado que el arzobispo se ha arrogado una titularidad que jamás ostentó". Patrimonio estableció que el arzobispo podía considerarse propietario de la Iglesia de San Carlos Borromeo y del "claustro anejo a la misma".

Esa iglesia de dimensiones reducidas permanece levantada hoy junto al edificio de San Carlos Borromeo. Los obreros que trabajan para rehabilitarlo y convertirlo en una facultad tienen vedado entrar en ella.

El arzobispo rechazó la oferta socialista y la Diputación aprobó emprender acciones legales para aclarar su titularidad que nunca llevó a cabo.

Llegamos a los años noventa. El PP ha alcanzado el gobierno de la Diputación. El arzobispado plantea por tercera vez su solicitud. El clima es otro. El servicio de Patrimonio elabora nuevos informes. Iglesia y Corporación negocian.

El resultado es conocido. Diputación renuncia al edificio de San Carlos Borromeo y a un solar anexo. A cambio, el arzobispado renuncia a otros solares recayentes sobre la calle de Quevedo. Los mismos sobre los que en los años ochenta el servicio de Patrimonio de la corporación había considerado "indubitado" que la Iglesia se arrogaba "una titularidad que jamás ostentó".

El inmueble y el edificio de San Carlos pasaron más tarde a ser propiedad de la Fundación de la Universidad Católica de Valencia. Fuentes del centro privado aseguraron ayer que, a pesar de ser más o menos lo mismo, se lo compraron al arzobispado. No informaron, en cambio, de cuánto les costó.