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La propuesta del PP sobre las autopistas no logra dividir a socialistas y nacionalistas

Los grupos que apoyan al Gobierno reprochan a los populares su política de privatizaciones

El PP no consiguió ayer dividir la unidad de acción de socialistas y nacionalistas en el Parlamento con su propuesta para que la Cámara demande la transferencia de la titularidad de las autopistas del Atlántico y Santiago-Alto de Santo Domingo. Los grupos del PSdeG y BNG recordaron a los populares que la Xunta incluye ese traspaso entre sus demandas desde noviembre de 2005 y aprovecharon para recordar que fue el PP quien privatizó la empresa concesionaria de la AP-9 y decidió pagar 60 millones de euros por la otra autopista a pesar de ser de titularidad del Ministerio de Fomento.

El portavoz del PP, Alejandro Gómez Alonso, declaró abiertamente que la intención de su grupo era poner en evidencia las supuestas contradicciones de socialistas y nacionalistas en este asunto. Según Gómez, "desde que se hizo pública la iniciativa, el bigobierno se cansó de mentir" porque en realidad no quiere la transferencia de ambas autopistas, que transcurren íntegramente por territorio gallego. El PP defiende el traspaso porque, según su portavoz, permitiría "hacer una política de peajes adecuada a los usuarios, es constitucional y estatutaria y es lo mejor para nuestra autonomía".

La propuesta del PP, sin embargo, consiguió el efecto contrario. Tanto al portavoz del BNG como el representante del PSdeG no sólo evidenciaron su unidad de criterio, sino que coincidieron en echar en cara al PP su política en relación con las autopistas cuando tenía en sus manos los gobiernos de Galicia y de España.

"El cinismo no es un buen consejero", señaló Carme Da Silva (BNG). Fue el Gobierno del PP, recordó la diputada nacionalista, el que amplió la concesión hasta 2048 y vendió la concesión a Sacyr-Vallehermoso hace cuatro años. Siendo ministro de Fomento "un señor al que llenaron de medallas", precisó en referencia a Francisco Álvarez-Cascos.

El caso de la autopista Santiago-Alto de Santo Domingo, añadió Da Silva, es "esperpéntico". Concedida a una empresa también participada por Sacyr, fue construida con fondos públicos (incluidos 60 millones de euros a fondo perdido de la Xunta) "y tiene un peaje de los más caros del Estado: pagamos dos veces la infraestructura. Y ahora el PP descubre, en 2007, que tenemos un problema de titularidad de las autopistas".

La portavoz del BNG explicó a su homólogo popular que el actual Gobierno ya adoptó en noviembre de 2005 la decisión de solicitar la titularidad de las autopistas que discurren íntegramente por Galicia. "Bastante antes de que ustedes lo descubrieran, el Gobierno ya estaba trabajando y ya forma parte de la agenda de la comisión de transferencias. Lo que no deja de ser sorprendente", subrayó, "es que diga que una vez que sean autonómicas se podrá trabajar sobre los peajes; no entendemos cómo no lo hicieron antes".

"Lavar la conciencia"

En parecidos términos se expresó el portavoz del PSdeG, Abel Losada, que acusó a los populares de tratar de "lavar su mala conciencia" defendiendo el autogobierno después de haber bloqueado la reforma del Estatuto.

Losada recordó que la privatización de la concesionaria de la AP -9 fue el resultado de la "obsesión de Aznar por el déficit cero" y relacionó la venta a Sacyr con la llegada de Feijóo a la vicepresidencia de la Xunta. Con ella tenían "la seguridad de que nadie iba a decir nada contra este atraco. Y todos estuvieron calladitos de este pelotazo".

En el caso de la otra autopista, la A-53, el diputado socialista repasó el empeño de José Cuiña en construir el vial y cómo la Xunta asumió la mitad del coste a fondo perdido, mientras Fomento se limitaba aportar 60 millones de euros que la concesionaria tiene que devolver. "La paradoja de que una región Objetivo 1 financie una autopista del Estado es un escándalo", sentenció, y sólo por eso en el PP "deberían estar callados".

Losada, igual que Da Silva, pidió al PP que retirase la propuesta, aunque sólo fuese "por respeto a la historia. La única cuestión que tiene que ver con el PP en transferencias son las transferencias bancarias".

En su turno final, Alejandro Gómez confirmó que el PP mantenía la propuesta para obligar a socialistas y nacionalistas a votar en contra de solicitar la transferencia.

El representante popular no tuvo el menor inconveniente en acusar a sus interlocutores de plagar el debate de "mentiras y falsedades". Según él, la autopista del Atlántico "nunca se privatizó" porque la titularidad del vial nunca dejó de ser pública. Y cuando Audasa, la empresa concesionaria, "se privatizó", puntualizó en defensa de esta decisión, "se hizo con un 20% de capital gallego, con total transparencia y garantizando la conservación". Gómez acusó a los socialistas de haber incrementado las tarifas de la autopista y citó declaraciones del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, realizadas cuando era un alto cargo del Ministerio de Obras Públicas, en las que defendía la financiación privada para construir infraestructuras. Y concluyó su argumentación negando el pelotazo denunciado por Losada. "¿Sabe lo que es? El millón de euros que gasta su jefe en el puerto de Vigo" para promocionar la candidatura a la alcaldía.

Los populares atribuyen el cierre de la vía del Salnés a motivos políticos

El Partido Popular atribuyó ayer a motivos políticos, con el objetivo "de dañar la imagen del PP", el cierre de la vía del Salnés decretado por la Consellería de Política Territorial para reparar la carretera. El portavoz popular, Alejandro Gómez, puso en duda en el Parlamento la existencia de los informes técnicos en los que la conselleira María José Caride afirma haberse apoyado para cerrar el vial mientras se llevaban a cabo las obras de sustitución de los tubos de metal dañados prematuramente.

La conselleira, que comprometió la entrega de los citados informes a los miembros de la comisión parlamentaria creada para investigar las causas del deterioro de la carretera, recordó al PP que puede darle "todas las vueltas que quiera" pero el hecho es que el cierre era obligado por razones de seguridad vial. "El cierre", subrayó Caride, "fue la solución; el problema fue el hundimiento". Y aquí "no valen las cortinas de humo": la carretera se desmoronó porque en vez de los tubos originales de hormigón se pusieron de metal con el fin de acortar plazos y reducir costes.

La responsable de Política Territorial recordó que la colocación de tubos de metal es siempre "excepcional" y reveló que en la consellería no consta la existencia de los informes que exige la normativa vigente para justificar su utilización. "Alguien tendrá que explicar porqué unos tubos excepciones se convirtieron en norma", advirtió.

Caride se preguntó qué habría dicho el Partido Popular si la Xunta hubiese decidido mantener abierta la carretera y se hubiese producido un accidente mortal. "Fue la decisión más razonable para garantizar la seguridad y resolver el problema", argumentó, y no "un beneficio electoral para nadie", aunque sí es, enfatizó, "un fracaso de ustedes. A veces me pregunto qué extraños intereses defienden cuando tratan de eludir su responsabilidad" en este asunto.

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