El Gobierno reta a Barberá a demostrar qué terrenos tiene la ciudad en el puerto

El pulso continúa. El Gobierno central, a través de su delegación valenciana, ha solicitado por escrito al puerto de Valencia que aclare qué terrenos del recinto son municipales. La petición se produce tras la bronca política entre el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a cuenta de las inversiones en la Copa del América. Sevilla, cansado de las críticas de la alcaldesa, anunció que disolverá el Consorcio cuando acabe el evento y una sociedad estatal gestionará el suelo. Barberá replicó que la mitad del puerto es de la ciudad.

El convenio de cesión de suelo portuario a la ciudad, en 1997, sigue en el aire

El ministro y vicepresidente del Consorcio Valencia 2007 manifestó el lunes su hartazgo por las críticas que el Ayuntamiento de Valencia viene dirigiendo contra el Gobierno central pese al apoyo económico e institucional que este último ha dado a la competición náutica. Los 1.000 millones proporcionados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -cerca de 500 vía crédito del ICO- nunca le han parecido suficientes al consistorio, que ha desembolsado

La negativa municipal a reconocer explícitamente la aportación del Gobierno acabó el pasado viernes en un rifirrafe entre Sevilla y Barberá. Fue en el acto oficial de entrega de las obras del puerto a ACM, organizadora de la Copa del América. Dos días después, el ministro, a preguntas de los periodistas, consideraba anormal que desde la alcaldía de Valencia sólo salieran críticas hacia el papel del Gobierno central y ningún reconocimiento. Visiblemente molesto, Sevilla expresó sus dudas acerca de que el Consorcio Valencia 2007, que gestionan conjuntamente el Estado, el ayuntamiento y la Generalitat, continuase cuando acabase la competición y apostó por que una sociedad estatal gestione en solitario esta área.

Barberá, con varios proyectos en cartera para la dársena, incluida una marina de lujo, replicó de inmediato al ministro que la mitad de estos terrenos eran del ayuntamiento.

En el entorno del Gobierno, la declaración de la alcaldesa sonó a farol y, por ello, a través de la delegación valenciana, que dirige Antoni Bernabé, se ha solicitado por escrito que en la próxima reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia -que será en abril- se informe y se aporte documentación que acredite qué suelo portuario es de titularidad municipal, qué terrenos ocupa el Ayuntamiento y en qué derecho y documentación se basa esa titularidad.

Lo que consta hasta la fecha es que el Ministerio de Fomento, presidido entonces por el popular Rafael Arias Salgado, firmó en octubre de 1997 un convenio con la alcaldesa de Valencia -también lo rubricaron la Autoridad Portuaria y la Generalitat- por el que el Gobierno cedía la dársena interior del puerto de Valencia a cambio de que las autoridades valencianas ejecutasen el nuevo acceso ferroviario sur, la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y el acceso norte al puerto. Las condiciones del convenio no se han cumplido -el acceso norte todavía no se ha construido-, por lo que la obligación de ceder a la ciudad la dársena estaría en el aire. Fuentes portuarias advierten además de que la cesión gratuita de la dársena al Ayuntamiento de Valencia sólo sería posible si este espacio se dedicara exclusivamente a fines sociales. "En cuanto exista alguna actividad o fin comercial en esos terrenos, la Autoridad Portuaria podrían pedir una compensación económica", precisaron estas mismas fuentes.

El Consejo de Ministros aprobó en 2003 la desafección de más de 200.000 metros cuadrados de suelo en el puerto de Valencia para cederlo a la ciudad y ubicar allí el Balcón al mar.

La ausencia de un plan especial de uso del espacio portuario invalidó este acuerdo, ya que sin su redacción y aprobación no es posible el diseño de la marina proyectada por la alcaldesa.

El Ayuntamiento de la ciudad cuenta en estos momentos con tres tinglados del puerto, con una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados cada uno, cedidos en 2002 por la Autoridad Portuaria.