Egipto vota a hurtadillas una gran reforma política
La oposición tacha de ilegítimo un referéndum convocado en siete días
El pasado lunes, casi a hurtadillas y con el rechazo total de la oposición, el Parlamento egipcio aprobó la reforma constitucional, en respuesta a una petición del presidente Hosni Mubarak. Concluida la votación, un miembro del gobernante Partido Nacional Democrático (PND) gritó: "¡Viva Mubarak!". Desde una de las tribunas exteriores, una de los pocos diputados opositores presentes respondió con un sonoro: "¡Viva Egipto!".
La nueva ley ha sido calificada por los opositores a Mubarak de "golpe de Estado"
Esta anécdota sintetiza el proceloso y controvertido proceso de transformación emprendido por Egipto hace tres años, bajo presión de EE UU y su plan para democratizar Oriente Próximo, y que ahora este mismo país critica. Un proceso apresurado y teledirigido, urdido en soledad en los talleres políticos del PND, que en palabras de opositores y analistas ha minado decenios de tradición democrática en Egipto y ha despejado la encriptada senda hacia la sucesión que, supuestamente, recorre Gamal, el hijo menor de Mubarak.
Esta rocambolesca reforma, plagada de incertidumbres y sospechas sobre su legitimidad, concluye hoy con una consulta popular igualmente ceñida en sombras: convocado en menos de una semana, puede describirse como el referéndum más veloz de la historia.
Sin apenas tiempo de leer el nuevo texto, casi 35 millones de egipcios están convocados a las urnas para decidir si aceptan o rechazan una ley que no sólo transformará el esqueleto político del país, sino que, además, recortará las libertades individuales, como han denunciado diferentes organizaciones de derechos humanos.
La premura y la suspicacia que han impregnado todo el proceso han generado igualmente una insólita campaña en la que no ha habido ni carteles ni mítines. Sólo la televisión y los diarios oficiales han explicado sesgadamente, y a matacaballo, las bondades del nuevo marco constitucional, frente a la voz ahogada de la oposición, que se ha atrevido a boicotear el referéndum pero que, atomizada e indefensa, se ha quedado sin más margen de maniobra.
En este ambiente, todo apunta a que la nueva Constitución que regirá el país más poblado de Oriente Próximo y África será fruto de la decisión de unos pocos, aprobada por unos pocos. Con las recientes elecciones presidenciales como referencia, la participación se barrunta escasa, lo que parece deslegitimar aún más el proceso. Hace año y medio, tras una masiva campaña electoral, sólo un 23% de los electores -es decir, siete millones de personas, un 9% de la población- acudió a las urnas. La mayoría, aleccionados por la faraónica estructura del PND, que ya tiene dispuestos, de nuevo, cientos de autobuses y miles de bocadillos para trasladar a los votantes y premiar su fidelidad en un país cada vez más acuciado por las desigualdades.
La nueva ley, calificada por la oposición de "golpe de Estado constitucional", incluye 34 enmiendas levantadas sobre un sinfín de polémicas. A la cabeza de todas, los artículos 76, 82 y 84, referentes a la ley de partidos, las elecciones y los atributos de la presidencia relacionados con la sucesión. En virtud de los dos últimos, en caso de incapacidad temporal del presidente, la jefatura del Estado debe pasar al vicepresidente, y de no existir esta figura, al primer ministro. Tras más de medio siglo en el poder, Mubarak aún no ha elegido vicepresidente, pese a las presiones recibidas, tanto internas como externas.
En caso de que la incapacidad del mandatario fuera definitiva, el poder pasaría de forma transitoria al presidente del Parlamento o en su defecto al del Consejo de Shura (especie de Senado), quienes en 60 días tendrán obligación de convocar unas elecciones que, según la nueva Constitución, ya no estarán supervisadas por los jueces. Es en este punto donde entra en juego el polémico artículo 76, ya enmendado por el propio Mubarak hace un año para admitir múltiples aspirantes en las presidenciales y barnizar de democracia su último plebiscito. Ahora, se le ha dado una vuelta más de tuerca. Según la nueva ley, sólo podrán optar a la presidencia los candidatos de las formaciones que en la actualidad tengan más de cinco años de vida y más del 3% de representación en el Parlamento, lo que acorrala aún más a la oposición, neutraliza la amenaza política de los Hermanos Musulmanes, segunda fuerza del país, y deja vía franca al PND, donde Gamal Mubarak ya es el número tres.
Javier Martín es director del servicio en árabe de la agencia Efe.
