De planes y juzgados

Conforme se acercan las elecciones autonómicas y municipales la política se pone de los nervios, se encrespa e invoca el cumplimiento de la ley. El cronista percibe en tal prevención dos tendencias tan diáfanas como antagónicas: de una parte, la de marear la perdiz; y de otra, la de ir al grano, una vez limpio de cizaña. El consejero de Territorio es un manitas en el artificio de marear no sólo la perdiz, sino la mismísima pájara pinta y hasta la desaladora de Torrevieja, con tal de dinamitar al Gobierno, según el vademécum de ciertas consignas urdidas por una derecha que ha perdido el norte, además de ciscarse en el centro. Y aunque al consejero ya lo han puesto en jaque, insiste en llevar su demanda ante el juez y el fiscal. Y es que los mareantes de perdiz, igual que los cantamañanas, terminan siendo objeto de desdichas y pitorreos. Mientras, los que prudentemente limpian la cizaña, para luego ir al grano, argumentan y proceden a la luz de la razón. En la ciudad de Alicante, su alcalde ha confiado la redacción de la parte no concluida del PGOU a dos arquitectos que no guardan, hasta el día de hoy, relación contractual con el Ayuntamiento. Tal vez porque el alcalde considera que la ciudad es toda suya y que no tiene por qué dar cuentas ni al conjunto de los vecinos, ni siquiera a quienes lo pusieron en el cargo. Frente al despropósito, la oposición ha sido contundente y unánime. José Antonio Fernández Cabello, candidato a la alcaldía por EU, ha expuesto tanta irregularidad meridianamente de palabra y por escrito, y exige a Díaz Alperi "que aclare si los arquitectos han cobrado o van a cobrar por el trabajo, quién lo va a pagar y a cuenta de qué partida presupuestaria". Por descontado, el planeamiento general es un documento "confidencialísimo", al que debe accederse por concurrencia pública, o bien poniéndolo en manos de los técnicos municipales, para cuantos, según el alcaldable de EU, la actitud del primer edil popular "supone un desprecio absoluto a los mismos y a las normas legales que regulan la tramitación del PGOU". Pese a la demoledora denuncia de Fernández Cabello, el alcalde Alperi guarda silencio, lo guarda la concejalía y la gerencia de urbanismo. Un silencio muy sospechoso y hasta elocuente que -según el candidato de EU- "confirma la ilegalidad manifiesta y continuada de su comportamiento, que convierte la tramitación de dicho documento en nula de pleno derecho". Después de emplazarlo a que explique a la ciudadanía una situación de escándalo y descarada artimaña municipal, le advierte de que los servicios jurídicos estudian las acciones legales si se consuma tanto y tan grave proceder. Frente a estos mismos hechos, Manuel de Barros, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento alicantino, ha criticado a Alperi de oscurantista y aberrante. Después de tres mandatos al frente del Ayuntamiento no ha sabido ni podido sacar el plan general. Y el portavoz socialista no cree que Alperi lo presente, a estas alturas. Cabe la posibilidad de que desaparezca uno u otro. O ambos.