El ministerio público investiga las viviendas ilegales de Pruna
La Fiscalía de Medio Ambiente abrió ayer de oficio una investigación para determinar si el Ayuntamiento de Pruna (Sevilla) ha otorgado licencias de construcción en suelo rústico bajo la promesa de que se iba a recalificar cuando se apruebe el nuevo planeamiento urbanístico. Este plan causó la semana pasada una crisis municipal al dimitir todos los concejales con el argumento de que la Junta rechazaba el documento. No obstante, todos se retractaron posteriormente de su decisión.
El plan urbanístico de Pruna prevé levantar 700 casas, lo que supondría unos 2.000 habitantes más (hoy cuenta con 3.000 vecinos censados). El plan, que ha tardado 15 años en elaborarse, está pendiente del visto bueno de la Consejería de Obras Públicas. La Junta dejó claro, tras el amago de dimisión, que el texto cumple el Plan de Ordenación del Territorio y que el municipio sólo tiene que "ajustar el crecimiento de población".
El fiscal ha decidido abrir su investigación después de que varios vecinos dijesen que las licencias de construcción les fueron concedidas con la promesa de que el terreno se iba a recalificar.
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