El ex alcalde de Alhendín defiende ante el juez la legalidad de sus gestiones urbanísticas

El ex alcalde de Alhendín (Granada) José Guerrero (PP), imputado por cohecho y prevaricación en el caso Marchelo, defendió ayer que sus actuaciones fueron "ajustadas a la legalidad" en su declaración ante el juez titular del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Gómez Torres, que instruye la investigación sobre presuntos escándalos urbanísticos en la localidad. El ex regidor dimitió hace dos semanas tras desvelar la investigación policial que junto a su ex edil de Urbanismo, Manuel Fernández, cobró dinero por favorecer proyectos urbanísticos.

La declaración del ex alcalde de Alhendín (5.600 habitantes) ayer sucedió a la comparecencia ante el magistrado de su anterior concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, detenido hace dos semanas e imputado por cohecho, fraude y exacciones ilegales, alteración de precios en concurso público, prevaricación y prevaricación urbanística. La investigación policial sostiene que ambos se beneficiaron y cobraron comisiones ilegales al contar con la connivencia de distintas promotoras gracias al control urbanístico sobre un pueblo en expansión a las afueras de Granada.

El abogado del ex alcalde, José Bernardo Muñoz, informó de que Guerrero negó ayer ante el magistrado que su voz figurara en una de las conversaciones intervenidas, que mencionaba un débito de 400.000 euros. "Alguien ha hecho una interpretación de esa conversación que no es real y que está en los medios de comunicación. ¡Pero si ni siquiera tiene teléfono!", exclamó el letrado. Guerrero, "tranquilo pero afectado" según su abogado, compareció durante cuatro horas para declararse "inocente" y aclarar su gestión al frente del consistorio junto a su mano derecha y ex edil de Urbanismo, Manuel Fernández, en libertad bajo fianza de 18.000 euros.

El ex regidor fue interrogado "de manera exhaustiva" por los expedientes que integran el caso investigado: el polígono industrial Marchalendín, la urbanización construida por la promotora Frai, la desafectación de unos terrenos en un colegio, además de las empresas regentadas por sus hijos y que al parecer se vieron beneficiadas tras diversas operaciones urbanísticas. "Él no tiene la culpa de que su hijo necesite una nave industrial. Guerrero ha tramitado el expediente y la Junta dijo que no, y ahí se quedó", afirmó el abogado del ex alcalde.

Muñoz expresó de manera soterrada sus dudas sobre las escuchas telefónicas por parte de la investigación policial. "La voz seguro que no es del alcalde, pero lo importante en este asunto es averiguar si ha habido intereses políticos además de jurídicos", apuntó el letrado. A pesar de rectificar su postura y haberse personado en el caso tras la inicial defensa del ex regidor, el Partido Popular ha denunciado recientemente que la Policía haya pinchado los teléfonos de los dirigentes populares, y no pusiera en práctica dicha medida en el caso del centro comercial Parque Nevada en el que están involucrados miembros del PSOE de la localidad de Armilla.

Además de la declaración del ex alcalde, ayer comparecieron ante el juez como testigos la arquitecta, el secretario, y el abogado municipales.

Según la denuncia del PSOE que originó la investigación, el consistorio vendió por nueve millones de euros los aprovechamientos urbanísticos correspondientes a los suelos del polígono Marchalendín, después de que los técnicos municipales tasaran estos terrenos en 24 millones. La titularidad pública de los caminos de dicho polígono, valorados en 750.000 euros, fue "regalada" al promotor.

Asimismo, el PSOE denunció que el consistorio vendió los terrenos de la promoción Novosur por 1,2 millones a pesar de que los técnicos municipales los valoraron en 3,5 millones de euros.