Doble poder

La sección cuarta de la Audiencia Nacional optó por un golpe de autoridad al defender contra viento y marea la fecha del juicio contra Arnaldo Otegi. Dio otra vuelta de tuerca de autoridad al enviar a la Guardia Civil a buscarle a su domicilio de Mondragón y traerle a Madrid en avión, sin apercibimiento previo, como suele ser norma, y sin dar antes traslado a las partes. La sala tenía, pues, necesidad de establecer quién mandaba y si para ello era necesario montar un show, por los magistrados no iba a quedar.

Hubo una época en la que estos espectáculos corrían a cargo de algunos jueces de instrucción de la Audiencia Nacional. El más célebre quizá ocurrió aquella tarde de octubre de 1995 en la que el juez Miguel Moreiras envió a la policía judicial a casa de Mario Conde para notificarle un presunto auto de prisión que no llevaban. Le trasladaron a la Audiencia Nacional, Moreiras le tomó declaración y le dejó en libertad. Conde salió triunfante esa noche por la escalinata de la madrileña calle de García Gutiérrez, abriéndose paso entre cámaras y periodistas.

En el caso de Olaia Castresana -que el juez instructor inadmitió al comienzo y que sólo progresó por la insistencia del entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal- el primero en ser absuelto por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) fue Jon Salaberría. La otra acusada, Araitz Zubimendi, ex parlamentaria vasca que también participó en el entierro de la etarra muerta, fue juzgada en julio de 2005. La Fiscalía de San Sebastián, sobre la base del antecedente de Salaberría, retiró la acusación contra ella. La Sala Civil y Penal del TSJPV, que la juzgó, resolvió su absolución.

En aquella época no había alto el fuego permanente ni precio a pagar. Aunque claro que siempre se podrá arguir que ésa, precisamente ésa, era la cuota anticipada, una de tantas, que pagó el Gobierno de Zapatero por la tregua en estado de gestación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional contaba con estos antecedentes. Su valoración de las palabras de Otegi en el funeral, además, es que no rebasaban el ámbito de una ceremonia familiar. Fue la querella la que, mira por dónde, actuó de altavoz.

En estas condiciones, ¿por qué no ir al juicio señalado para el pasado 21 y, a la vista de las pruebas en el plenario, retirar la acusación como hizo el fiscal de San Sebastián en 2005? La Fiscalía optó por una batalla procesal para clarificar el ámbito del juicio. La sección cuarta interpretó que la Fiscalía estaba ganando tiempo en un momento delicado como es la recta final hacia una eventual legalización de la izquierda abertzale en la que se ha entrado. Y optó por el golpe de autoridad.

La sala forzó la situación, según ha reconocido un magistrado conservador a este periódico. Hubiera sido mejor para el fiscal ,como dijo un magistrado progresista, ponerse rojo una vez en el juicio oral retirando la acusación, a volverse colorado muchas veces.

En cuanto al PP, intenta volver a capitalizarse con su ejercicio del doble poder o poder popular, otra vez contra la justicia, porque la Fiscalía del Estado forma parte de la Administración de justicia.